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Fue estafado por $167 millones y la Justicia imputó a un ex policía de Mendoza

La investigación identificó al titular de las cuentas que habrían recibido las transferencias, un policía retirado de Mendoza. La Justicia lo imputó y ordenó inhibir sus bienes hasta cubrir el monto denunciado.

Un sanjuanino denunció haber perdido $167.860.000 en una presunta estafa vinculada con falsas inversiones que comenzó con mensajes de WhatsApp desde números telefónicos radicados en México. La investigación de la UFI Delitos Informáticos llegó hasta Lino Godoy, un policía retirado de Mendoza, señalado como titular de las cuentas bancarias que habrían recibido las transferencias. La Justicia lo imputó y dispuso medidas para intentar resguardar el dinero mientras se reconstruye la maniobra.

Según la hipótesis fiscal, el contacto con la víctima se inició a través de WhatsApp. Los interlocutores le habrían ofrecido participar en supuestas inversiones con promesas de ganancias y, a partir de esas comunicaciones, consiguieron que realizara distintas transferencias.

El perjuicio denunciado asciende a $167.860.000. Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar cómo se distribuyeron esos fondos, quiénes intervinieron en las operaciones y cuál fue el destino final del dinero.

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La causa tuvo su audiencia de formalización, en la que la jueza Ana Carolina Parra dio por iniciada la investigación penal preparatoria por un plazo de 12 meses.

En esa instancia fue imputado Lino Godoy, un policía retirado oriundo de Mendoza. La Fiscalía le atribuyó una presunta participación necesaria en el delito de estafa, contemplado en el artículo 172 del Código Penal.

La vinculación del hombre con el expediente surge de la titularidad de las cuentas bancarias a las que habrían llegado transferencias realizadas por el denunciante. Sin embargo, la investigación todavía debe establecer cuál fue su intervención concreta en la operatoria y si hubo otras personas involucradas.

Una de las medidas más importantes dispuestas por la magistrada fue la inhibición general de bienes de Godoy hasta cubrir los $167.860.000 denunciados por la víctima. La restricción tendrá una vigencia de cuatro meses y apunta a resguardar el patrimonio ante un eventual reclamo económico.

La medida no significa que el dinero haya sido recuperado. La Fiscalía deberá avanzar sobre el recorrido de las transferencias y determinar si los fondos todavía pueden ser localizados.

Aunque continuará el proceso en libertad, Godoy deberá cumplir una serie de condiciones durante cuatro meses. Tiene prohibido acercarse o comunicarse con el denunciante por cualquier medio y deberá presentarse una vez al mes en la Comisaría 14 de General Alvear, Mendoza.

También tiene prohibido salir del país sin autorización judicial y deberá permanecer a disposición de la Justicia, sin obstaculizar las medidas de prueba.

Con un año de investigación por delante, la UFI Delitos Informáticos deberá reconstruir el circuito bancario de las transferencias, establecer qué ocurrió con los fondos y determinar si hubo otros participantes en el engaño.

Por ahora, el expediente tiene un imputado identificado por su presunta vinculación con las cuentas receptoras y una medida patrimonial destinada a resguardar el monto denunciado. La responsabilidad de Godoy deberá determinarse durante el proceso judicial.