La combinación de costos, falta de docentes y exigencias escolares pone en evidencia los límites actuales del modelo de inclusión. Menos horas, costos altos y alumnos sin acompañamiento exponen la fragilidad del sistema.
La inclusión educativa en escuelas comunes atraviesa un momento crítico, marcada por un desajuste económico que impacta de lleno en las familias y en el acceso a los Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI).
Durante el último tiempo, la falta de actualización en los valores que regulan el trabajo de estos profesionales generó un efecto en cadena: menos disponibilidad de docentes, mayores costos y chicos que quedan sin acompañamiento dentro del aula. En muchos casos, esta figura resulta indispensable para que los estudiantes con discapacidad puedan asistir a instituciones comunes, lo que convierte su ausencia en un obstáculo directo para la escolaridad.
Menos docentes y más costos
El escenario muestra una tensión creciente entre lo que se paga y lo que se necesita. Por un lado, los valores establecidos quedaron desfasados frente a la realidad económica; por otro, los profesionales buscan compensar esa diferencia solicitando montos superiores.
Esto termina trasladándose a las familias, que deben cubrir la brecha en un contexto de ingresos limitados. Como consecuencia, muchos optan por reducir la cantidad de horas de acompañamiento o directamente prescindir del servicio.
En ese marco, se registran casos en los que la presencia del DAI se limita a dos o tres días por semana, o incluso menos. También circulan esquemas de trabajo con cargas horarias reducidas, muy por debajo de lo que requiere el proceso educativo, lo que deja a los estudiantes en una situación de acompañamiento parcial.
El impacto es concreto: alumnos que no pueden sostener la cursada, derivaciones a escuelas especiales o trayectorias educativas interrumpidas.
Una demanda que supera al sistema
La necesidad de acompañamiento crece sostenidamente. Cada vez más estudiantes requieren este tipo de apoyo, ya sea por indicación médica o por evaluaciones pedagógicas. Sin embargo, la oferta de profesionales no logra acompañar ese aumento.
A esto se suma que muchos DAI trabajan por fuera del sistema educativo formal, contratados por familias o a través de coberturas, lo que genera condiciones laborales inestables y salarios que no siempre reflejan la carga real del trabajo.
“Aunque me apasiona lo que hago, es evidente que estamos mal remunerados considerando la magnitud de nuestras responsabilidades”, resume una docente que se desempeña en el sistema.
El trabajo, según se describe, no se limita al acompañamiento en el aula. Incluye planificación, adaptación de contenidos, reuniones con equipos interdisciplinarios y seguimiento fuera del horario escolar. En niveles más avanzados, incluso requiere preparación específica sobre materias para poder asistir adecuadamente a los estudiantes.
Un sistema sostenido por las familias
En paralelo, el Estado mantiene un esquema de subsidios que busca aliviar parte de los costos. A través de un programa específico, se habilita anualmente la inscripción para acceder a una ayuda económica destinada a cubrir parcialmente el servicio de DAI y acompañantes terapéuticos.
El beneficio se otorga por un período determinado del ciclo lectivo y se paga de manera directa al profesional, aunque no cubre la totalidad del costo real, lo que obliga a las familias a completar la diferencia.
El proceso, además, implica una serie de requisitos administrativos, evaluaciones y validaciones que deben cumplirse antes de que el docente pueda comenzar a trabajar, lo que en muchos casos retrasa la incorporación del acompañamiento necesario.
La inclusión, entre la norma y la realidad
El marco legal establece que las escuelas comunes deben garantizar el acceso y la permanencia de estudiantes con discapacidad, con los apoyos que cada caso requiera. Sin embargo, en la práctica, esa garantía se vuelve difusa cuando no está asegurada la presencia del DAI.
Esto genera una tensión dentro de las instituciones educativas: por un lado, la obligación de incluir; por otro, la falta de recursos concretos para sostener ese proceso.
El resultado es una inclusión que, en muchos casos, queda condicionada a la capacidad económica de las familias y a la disponibilidad de profesionales, configurando un escenario desigual.
Un problema estructural
Desde el ámbito profesional se advierte que la situación no puede analizarse de manera aislada. Intervienen múltiples actores: familias, escuelas, especialistas y políticas públicas. La falta de articulación entre estos sectores, sumada al desfasaje económico, profundiza el problema.
Además, se señala que el modelo actual, donde el DAI funciona mayormente como un recurso externo, podría repensarse hacia esquemas donde forme parte del sistema educativo, con mayor estabilidad, capacitación y respaldo institucional.
Mientras tanto, la realidad marca que la demanda seguirá en aumento, y sin cambios estructurales, el acceso a una inclusión efectiva continuará siendo limitado.
Por Gabriel Rotter.
