En el comunicado, ATAP aclaró que los recursos reclamados no constituyen subsidios para las empresas, sino compensaciones destinadas a reducir el costo del boleto que pagan los pasajeros.
"El verdadero beneficiario de estas compensaciones es el usuario, ya que permiten que la tarifa abonada sea inferior al costo real del servicio", señalaron.
Según el documento, la deuda corresponde a conceptos como el Boleto Escolar Único, boleto docente, trasbordos, atributos sociales nacionales, convenios por kilómetro y mayores costos no reconocidos en la tarifa, entre otros.
La cámara empresaria indicó que aproximadamente el 60% de la deuda corresponde a obligaciones de la Provincia, mientras que el 40% restante es responsabilidad del Gobierno nacional.
Advierten por el desfinanciamiento del sistema
Desde ATAP afirmaron que la falta de percepción de esos fondos provocó un severo desfinanciamiento que dificulta afrontar gastos esenciales como combustible, salarios, mantenimiento de las unidades y compra de repuestos.
"Durante todo este tiempo las empresas han realizado un enorme esfuerzo para sostener el transporte público y evitar mayores perjuicios a los usuarios. Sin embargo, la magnitud de la deuda hace materialmente imposible mantener la prestación en las condiciones habituales sin comprometer la continuidad del sistema", expresaron.
Además, recordaron que desde el 28 de mayo de 2026 vienen realizando presentaciones administrativas para advertir sobre la situación y solicitar una mesa técnica de trabajo con el objetivo de restablecer el equilibrio económico-financiero de las concesiones.
Finalmente, las empresas lamentaron las complicaciones ocasionadas a los pasajeros y renovaron el pedido al Gobierno provincial para regularizar las compensaciones adeudadas y restablecer plenamente el servicio.
La respuesta del Gobierno
El comunicado de ATAP se conoció pocas horas después de las declaraciones del secretario de Tránsito y Transporte, quien negó que la Provincia mantenga deudas con el sistema y aseguró que las empresas Mayo y Libertador fueron sancionadas económicamente por reducir las frecuencias.
"La provincia está al día", afirmó el funcionario en declaraciones a Canal 8, al tiempo que sostuvo que el Gobierno desconoce los motivos por los cuales las empresas decidieron disminuir la cantidad de colectivos en circulación.
La reducción del servicio comenzó el martes posterior al receso invernal. Según confirmó el secretario general de la UTA San Juan, Héctor Maldonado, las empresas implementaron un esquema similar al de las vacaciones de invierno para reducir el consumo de combustible, lo que provocó una merma cercana al 30% en las frecuencias de los servicios de corta y media distancia.
Mientras el Gobierno sostiene que las concesionarias deben restituir de inmediato la programación habitual y anticipa nuevas medidas en caso de incumplimiento, las empresas insisten en que la continuidad del sistema depende de la regularización de los fondos que aseguran tener pendientes de cobro.
El detalle de la deuda
De acuerdo con el anexo difundido por ATAP, las principales acreencias pendientes corresponden a:
- Boleto Escolar Único (junio 2026): $2.035,5 millones.
- Atributos Sociales Nacionales (mayo y junio de 2026): más de $3.821 millones.
- Trasbordos (junio 2026): $823,9 millones.
- Boleto Docente (junio 2026): $314,1 millones.
- Convenios por kilómetro y diferencias de actualización: más de $560 millones.
- Mayores costos no reconocidos en la tarifa entre 2025 y 2026: más de $2.000 millones.
En total, la cámara empresaria aseguró que las acreencias pendientes ascienden a $9.750.150.676,43, cifra que, según sostienen, compromete seriamente la sustentabilidad del transporte público de pasajeros en la provincia.
