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Admitió estafar a familias con casas del IPV y prometió indemnizarlas

Eduardo Varela (29) confesó haber estafado en 21 hechos y ahora busca una condena sin prisión. Si no cumple, Fiscalía pedirá prisión efectiva.

Eduardo Maximiliano Varela (29) fue denunciado por estafar a personas con casas del IPV. Fue el mismo director del Instituto Provincial de la Vivienda, Marcelo Yornet, quien advirtió la maniobra e interpuso la denuncia ante la Justicia. A más de un año y medio de la acción penal, el imputado admitió haber estafado a 21 familias con una suma millonaria y se comprometió a indemnizar a los damnificados para evitar ir a la cárcel.

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Este viernes, se realizó la audiencia de juicio abreviado parcial, donde el fiscal Francisco Micheltorena y la defensa de Varela presentaron un acuerdo ante la jueza de Garantías Celia Maldonado. Parte fundamental de este acuerdo entre las partes, es que el imputado reconozca haber cometido los delitos que le endilgan.

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En su confesión, Varela admitió que trabajaba en el área Adjudicaciones y Servicios Sociales del IPV, donde cumplía tareas administrativas y de atención al público. Es en este contexto que, mediante diferentes artilugios y engaños de facilitar la adjudicación de viviendas en construcción de distintos barrios del Instituto, pedía a los interesados una determinada suma de dinero que se dejaba él y luego, se escabullía y cortaba toda comunicación con las víctimas.

En la investigación, pudo demostrarse que estafó a 21 familias que soñaban con la casa propia, hechos cometidos entre enero de 2020 y diciembre de 2021. En total, embolsó la suma de $2.700.000 y 2 televisores de 50 y 32 pulgadas. Todo esto, fue asumido y confesado por el acusado.

A partir de esto, Varela admitió ser culpable de los delitos que endilgó la Fiscalía de Estafas reiteradas (21 hechos) en concurso real, 17 de los cuales concursan en forma ideal con los delitos de exacciones ilegales (art. 266) e incumplimiento a los deberes de funcionario público. Todo en calidad de autor.

Con este panorama, la defensa propuso resarcir económicamente a cada una de las víctimas y, de esta manera, que el fiscal lo considere como un atenuante.

En la audiencia de este viernes, la defensa pidió un cuarto intermedio de 15 días hábiles, plazo en el que deberá cumplir con la indemnización a los damnificados. Si, finalmente cumple con la promesa y repara el daño, Fiscalía pedirá una pena de 3 años de ejecución condicional, es decir que no irá preso.

Sin embargo, si no se cumple con el resarcimiento a las víctimas en tiempo y forma, el Ministerio Público Fiscal pedirá directamente una pena de 5 años de prisión efectiva.

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