Como consecuencia de lo ocurrido, el letrado fue apartado de la causa y ahora se analiza la aplicación de una sanción por parte del Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta el perjuicio generado en el proceso judicial. De todos modos, el profesional tendrá la posibilidad de ejercer su derecho a defensa en el marco de esa evaluación.
En paralelo, los imputados deberán definir quién asumirá su representación legal para la próxima audiencia. Podrán optar por designar un abogado particular o bien aceptar la intervención de la defensa oficial, alternativa que aún no fue confirmada.
El juicio involucra a Ángel Paulo Neira, acusado de tentativa de homicidio, y a Flavia Vargas, imputada por abuso de arma de fuego, en relación a un hecho violento ocurrido en noviembre de 2024 en el asentamiento Santa Bárbara.
La suspensión generó demoras en el cronograma judicial y reabre el debate sobre la responsabilidad profesional en instancias clave del proceso penal.