Red de ciberabuso infantil: intervención sanjuanina en un operativo nacional
San Juan formó parte del megaoperativo Escudo Infantil, que incluyó 13 allanamientos en nueve provincias para desarticular redes de abuso sexual infantil online.
El 13 de noviembre de 2025 se ejecutó uno de los operativos coordinados más amplios de los últimos años en materia de delitos informáticos vinculados a la explotación sexual infantil. Bajo el nombre de Operación Escudo Infantil, fiscales y fuerzas especializadas concretaron 13 allanamientos simultáneos en nueve provincias, entre ellas San Juan, con el objetivo de identificar y frenar la circulación de Material de Violencia Sexual Infantil (MVSI) en redes digitales.
El origen del caso se remonta a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 8 de Berazategui, perteneciente al Departamento Judicial Quilmes. Allí ingresó un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), de Estados Unidos, que advertía sobre un grupo de usuarios que intercambiaba contenido ilícito vinculado a menores. Durante el primer allanamiento, los peritos hallaron más de 120 archivos de MVSI, además de conversaciones de tono sexual con usuarios menores y referencias a grupos de agresores distribuidos en numerosas jurisdicciones.
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Con esa evidencia, la Red Nacional 24/7 articuló un operativo federal que incluyó objetivos en Chaco, Chubut, Corrientes, Jujuy, Misiones, San Juan, Córdoba, Salta y Santa Fe. La coordinación permitió actuar simultáneamente en domicilios donde residían sospechosos vinculados a los grupos detectados. “A partir de esta evidencia, los puntos de contacto de la Red Nacional 24/7 coordinaron acciones para avanzar en cada jurisdicción contra los distintos agresores involucrados”, señalaron las autoridades judiciales.
En San Juan, la intervención estuvo a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, conducida por el fiscal Eduardo Gallastegui, que trabajó con las fuerzas de apoyo, en el marco de la investigación nacional. Si bien no se detallaron públicamente los resultados locales, la provincia formó parte del bloque de jurisdicciones en las que se secuestraron dispositivos digitales y se activaron protocolos de protección infantil en domicilios con menores convivientes.
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A nivel nacional, los allanamientos permitieron la detención de un hombre de 54 años en Misiones y el secuestro de una gran cantidad de dispositivos: cuatro notebooks, tres computadoras de escritorio, ocho tablets, 26 celulares y 18 equipos electrónicos adicionales, además de 15 unidades de almacenamiento y un elemento no digital. Los equipos especializados ya trabajan en el triage forense de parte del material incautado.
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El despliegue también incluyó situaciones de extrema sensibilidad. En siete de los domicilios allanados convivían niños o adolescentes, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de resguardo y asistencia. Las unidades de protección infantil de cada provincia intervinieron para garantizar la seguridad y el acompañamiento de las personas menores de edad presentes.
Uno de los procedimientos más complejos se desarrolló en Chaco, en la localidad de Machagai, con participación del Departamento de Investigaciones Interior, la División Investigaciones de Presidencia Roque Sáenz Peña, la División Investigaciones de Villa Ángela, el apoyo del Ayudante Fiscal Marcela Gigena y la Unidad de Protección Infantil de la zona. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Investigaciones N.º 1, a cargo de la Dra. Gisela Mariana Oñuk.
El operativo también tuvo repercusión pública por el allanamiento en el complejo donde reside el jugador Cristian Tarragona, en Santa Fe, aunque el procedimiento apuntaba a un familiar y no al futbolista.
Para los investigadores, la magnitud del trabajo coordinado marca un hito. La Operación Escudo Infantil no solo logró la detención de un sospechoso y el secuestro de decenas de dispositivos, sino que expuso la dimensión federal de las redes de distribución de material de abuso infantil. Las autoridades destacaron que el avance de estos casos depende cada vez más de la articulación entre fiscalías especializadas, áreas de ciberdelito y organismos internacionales capaces de detectar patrones de circulación de contenido ilícito.
