La causa se activó el 18 de agosto, cuando la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas recibió un reporte de su par en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La alerta provenía de la Red 24/7, integrada por todas las fiscalías del país y conectada con el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), una organización internacional que monitorea la difusión de material de explotación infantil.
El informe original, canalizado a través de Missing Children Argentina, indicaba que un usuario sanjuanino había compartido cinco videos con pornografía infantil en un grupo de WhatsApp. La información contenía el número de teléfono y datos de conexión que permitieron identificar al sospechoso: Jeremías Castro, un joven domiciliado en el departamento Pocito.
El allanamiento y la detención
Con esa información, el fiscal Ejarque y su equipo solicitaron una orden judicial. El 24 de septiembre, se allanó la vivienda del acusado, donde fue detenido y se secuestraron su celular y otros dispositivos electrónicos.
Dos días después, la causa fue formalizada ante el juez de Garantías Pablo León, quien dispuso la prisión preventiva del joven, entendiendo que el delito investigado —distribución de material de abuso infantil agravado— tiene penas que van de 4 a 8 años de prisión, lo que impide la excarcelación.
En aquella instancia, la defensa había planteado que el teléfono de Castro pudo haber sido robado en el momento en que se compartió el material. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación rechazó el pedido de libertad, al considerar que las pruebas técnicas eran contundentes: los rastreos de IP, los registros de mensajería y los datos del dispositivo coincidían con los del joven pocitano.
La fiscalía también advirtió que, en libertad, el imputado podría manipular o eliminar evidencia electrónica relevante para el proceso.
Condena y cierre del caso
Con las pruebas consolidadas y ante la imposibilidad de revertir la imputación, Castro optó por firmar un juicio abreviado, admitiendo su responsabilidad en los hechos. El juez León homologó el acuerdo y dictó la pena de cuatro años de prisión efectiva, que cumplirá en el Servicio Penitenciario de Chimbas.
La resolución puso fin a una investigación que expuso el alcance de la distribución digital de contenido de abuso infantil y el trabajo coordinado entre organismos nacionales e internacionales.
Desde la fiscalía remarcaron que estos casos, aunque difíciles, son esenciales para perseguir la circulación de material que vulnera los derechos de niños y niñas, y que cada reporte recibido por la red internacional representa una oportunidad de rescatar víctimas y castigar a los responsables.
