Finalmente, Maldonado resolvió dictar cuatro meses de prisión preventiva en una comisaría y habilitó nuevas medidas de prueba. Entre ellas, dispuso la realización de entrevistas en Cámara Gesell tanto al niño como a su hermana de 7 años, quienes convivían con la pareja y también estaban en pleno proceso de adopción. Las declaraciones, según remarcó la magistrada, serán claves para reconstruir la dinámica familiar y determinar si existieron episodios reiterados de violencia.
La denuncia que originó la causa fue presentada por un pariente político del matrimonio, que se acercó a la UFI CAVIG con material que consideró contundente. Allí aportó varios videos grabados dentro de la vivienda del barrio Andacollo, en Chimbas, donde se observa al gendarme golpeando al menor. La presentación judicial sostiene que las agresiones no habrían sido aisladas, sino parte de una conducta repetida.
Tras recibir la denuncia, la Justicia ordenó un allanamiento en la casa del acusado. Durante el procedimiento se secuestraron cámaras de seguridad que podrían contener registros adicionales de lo ocurrido. Los investigadores creen que ese material será determinante para definir la continuidad procesal del caso.
Además de la prisión preventiva, la jueza estableció un plazo de investigación de ocho meses. Durante ese tiempo, la fiscalía buscará corroborar los indicios, analizar el contenido de los dispositivos electrónicos secuestrados y reunir los testimonios necesarios para elevar la causa a juicio. Mientras tanto, Díaz permanecerá detenido y a disposición del Ministerio Público.
