La investigación fue desarrollada por el fiscal Eduardo Gallastegui, junto al ayudante fiscal Maximiliano Yanzón, quienes durante los alegatos habían solicitado una pena de seis años de prisión.
Uno de los elementos centrales de la causa fueron las pericias informáticas realizadas sobre dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos. Los análisis permitieron vincular los archivos distribuidos con una cuenta específica de mensajería y establecer su relación con el domicilio del condenado en Pocito.
Además de la pena impuesta, el tribunal ordenó el decomiso y destrucción de los dispositivos electrónicos utilizados en la maniobra investigada y dispuso las medidas correspondientes para el cumplimiento de la condena.
No obstante, y a pedido de la defensa, el magistrado autorizó que la detención se cumpla de manera domiciliaria por el plazo de seis meses, debido a problemas de salud acreditados por el condenado. La medida contará con controles periódicos de la Comisaría 7ª.
La sentencia todavía no se encuentra firme. La defensa adelantó que apelará tanto la medida cautelar como el fallo una vez que se conozcan los fundamentos completos, cuya publicación fue fijada para el próximo 31 de julio.
La causa se inició tras el hallazgo de al menos 11 archivos multimedia con contenido de abuso sexual infantil. A partir de allí, la fiscalía desarrolló una investigación tecnológica que permitió reconstruir la distribución del material y llevar el caso a juicio.
