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Mujer recibió 15 días de prisión condicional por abusar sexualmente de un perro

Una joven fue condenada a 15 días de prisión condicional tras admitir que generó material sexual con un perro. El caso generó indignación y críticas por la levedad de la pena.

Una resolución judicial volvió a poner en discusión los límites de la legislación vigente sobre maltrato animal. Este lunes, la Justicia dictó una condena de 15 días de prisión condicional para una joven de apellido Campillay, tras comprobarse que generó y poseyó material sexual con un perro. La decisión generó un inmediato rechazo en sectores proteccionistas, que reclaman sanciones más severas.

El caso no surgió a partir de una denuncia directa, sino en el marco de una investigación paralela. Según fuentes judiciales, las pruebas fueron halladas durante una causa por abuso sexual que tramitaba la UFI Anivi, en la que la pareja de la imputada ya había sido condenada mediante un juicio abreviado. En ese contexto, durante el secuestro y análisis de dispositivos electrónicos, los investigadores accedieron al teléfono celular de la joven.

Al revisar el contenido, encontraron al menos ocho videos y múltiples capturas que registraban actos de zoofilia. El material fue considerado contundente y derivó en la imputación formal. Durante la audiencia, que se desarrolló de manera reservada, la acusada reconoció los hechos y aceptó los cargos en su contra.

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La jueza Celia Maldonado de Álvarez fue quien dictó la sentencia bajo los términos de la Ley 14.346, que sanciona los actos de crueldad animal. El proceso se resolvió mediante un procedimiento abreviado, lo que permitió una rápida definición judicial, aunque también limitó el alcance de la pena.

El episodio provocó un fuerte repudio social, tanto por la gravedad de los hechos como por la escasa sanción impuesta. Referentes del proteccionismo local cuestionaron la respuesta judicial y advirtieron sobre la necesidad de reformar la normativa vigente para contemplar este tipo de conductas con mayor severidad.

Este caso se suma a otros antecedentes recientes en la provincia que generaron conmoción pública y vuelve a instalar el debate sobre la protección animal y la eficacia de las herramientas legales disponibles para prevenir y sancionar estos delitos.

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