La Justicia imputó a dos hombres con antecedentes por los ataques contra una empleada judicial en Rivadavia. Tendrán tres meses de prisión preventiva.
La investigación por el doble robo sufrido por una empleada judicial en Marquesado, Rivadavia, tuvo este viernes un giro clave: dos sospechosos fueron formalmente imputados y enviados al Servicio Penitenciario Provincial con prisión preventiva.
Se trata de Hugo Daniel Sánchez y Jaim Ezequiel Corbo Céspedes, ambos con antecedentes penales y recientemente excarcelados. La jueza Flavia Allende dispuso seis meses de plazo de investigación y tres meses de prisión preventiva, tras la audiencia de formalización.
La causa es instruida por la UFI Delitos Contra la Propiedad, con intervención de los fiscales Juan Manuel Gálvez y Juan Manuel García Castrillón, quienes sostuvieron que existen elementos de prueba contundentes para vincular a los imputados.
El caso generó conmoción por una particularidad: la vivienda fue atacada dos veces en menos de 48 horas.
En el primer hecho, los delincuentes aprovecharon que la funcionaria y su familia no estaban en la casa. Forzaron un acceso, revolvieron los ambientes y se llevaron dos televisores (uno de 60” y otro de 43”), una notebook marca Lenovo, celulares, una tablet, prendas de vestir —entre ellas ropa marca Ansilta— y alhajas de oro.
Tras ese episodio, la víctima pasó horas ordenando la vivienda y reforzando medidas de seguridad. Sin embargo, por temor, decidió no pasar la noche allí. Cuando regresó al día siguiente al mediodía, descubrió que habían vuelto a ingresar: esta vez rompieron rejas y sustrajeron más ropa y cajas con herramientas.
En una primera etapa, se realizaron allanamientos en Rivadavia y Ullum sin resultados positivos. La investigación tomó impulso con el trabajo de la Brigada de Investigación Oeste, que logró avanzar sobre los sospechosos.
En los nuevos procedimientos se secuestraron múltiples efectos, varios de ellos reconocidos formalmente por la damnificada. Además, la identificación de los acusados fue respaldada por registros de cámaras de seguridad y cotejo positivo de huellas, elementos que consolidaron la imputación por el delito de robo.
Con la prisión preventiva ya dictada, la fiscalía tendrá ahora medio año para profundizar la investigación y reunir el resto de la prueba en una causa que expuso no solo la magnitud del botín, sino también la reiteración del ataque en un lapso mínimo de tiempo.
