La causa se originó tras la denuncia realizada por la madre de las niñas —que actualmente tienen 11 y 14 años—. Según la acusación, el imputado mantenía un vínculo de confianza con la familia y en ocasiones permanecía en la vivienda al cuidado de los menores mientras la mujer trabajaba.
De acuerdo con la investigación, en esas circunstancias habrían ocurrido los hechos denunciados, que luego fueron relatados por las víctimas durante el proceso judicial. El expediente fue impulsado inicialmente por la fiscal Ingrid Schott y, en esta instancia, la acusación estuvo representada por la fiscal Andrea Insegna junto a la ayudante fiscal Luciana Tello.
La causa se encontraba en la etapa previa al juicio oral. De hecho, el Ministerio Público Fiscal tenía previsto solicitar una pena de 28 años de prisión en el debate.
Sin embargo, antes del inicio de la audiencia de control de acusación, la defensa —a cargo de la abogada María Filomena Noriega— planteó la posibilidad de resolver el caso mediante un juicio abreviado, mecanismo que permite cerrar el proceso cuando el imputado reconoce su responsabilidad y las partes acuerdan una pena.
Tras evaluar la propuesta, la fiscalía consideró viable el acuerdo y lo presentó ante el magistrado. Finalmente, el juez Fernández Caussi resolvió homologar el convenio, lo que derivó en la condena a 10 años de prisión para el acusado.
De esta manera, el caso quedó formalmente cerrado en sede judicial sin llegar a la instancia de debate oral.
