Un hombre admitió haber almacenado archivos con contenido ilegal en plataformas digitales. Recibió una pena condicional y deberá someterse a tratamiento psicológico.
Un albañil de Albardón fue condenado este viernes a un año de prisión condicional tras reconocer que tenía en su poder material de abuso sexual infantil. La resolución se dictó mediante un juicio abreviado, acordado con la fiscalía.
El imputado, Brian Domingo Florez, no registraba antecedentes penales. La investigación estuvo a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, encabezada por el fiscal Pablo Martín junto al ayudante fiscal Patricio Díaz.
De acuerdo a la causa, entre mayo de 2024 y noviembre de 2025 el acusado almacenó al menos 31 archivos con contenido ilícito en plataformas como Google Fotos y Google Drive. El material —capturas y grabaciones de pantalla— fue subido desde distintas direcciones IP asociadas a un teléfono celular Huawei P10 Lite.
Durante la audiencia, el juez Manuel Sanz homologó el acuerdo, declaró culpable a Florez y dispuso una pena de ejecución condicional, además del pago de costas judiciales. Como parte de las reglas de conducta por dos años, deberá fijar domicilio, someterse al control del Patronato, evitar el consumo excesivo de alcohol y estupefacientes, y acreditar tratamiento psicológico en el Hospital Giordano.
También se ordenó la sanitización del dispositivo utilizado en el hecho.
El caso se da en un contexto reciente donde la misma unidad fiscal investiga hechos similares. Días atrás, en Chimbas, otro albañil fue detenido tras ser acusado de compartir a través de WhatsApp dos videos con contenido de abuso infantil.
En esa causa, que lleva adelante la misma UFI, el imputado —identificado como Edgar Ariel Caballero— fue señalado no solo por la tenencia sino también por la distribución del material, lo que agrava su situación procesal. La investigación se inició a partir de un reporte proveniente de la Ciudad de Buenos Aires que detectó la circulación de esos archivos desde una cuenta vinculada a San Juan.
Ambos casos, aunque con diferencias en la conducta investigada, exponen un patrón que la Justicia local sigue de cerca: el uso de plataformas digitales y dispositivos personales para almacenar o difundir este tipo de contenido ilícito.
