La investigación, que tramita en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, había encuadrado el caso como una defraudación por engaño bajo un esquema tipo “Ponzi”. Según la fiscalía, el fraude se sostenía en generar la apariencia de una concesionaria activa que ofrecía motocicletas que, en la práctica, nunca eran entregadas.
El conflicto comenzó a mediados de enero, cuando los primeros clientes detectaron demoras en la entrega de los rodados. Lo que inicialmente parecía un problema comercial derivó rápidamente en sospechas de una maniobra sistemática. El 16 de enero, un operativo policial en el local de avenida Rioja y 25 de Mayo expuso públicamente la situación, y días después decenas de damnificados se concentraron en el lugar con contratos y comprobantes en mano.
Con el avance de la causa, el número de afectados fue ajustado tras una revisión judicial y luego ampliado nuevamente con nuevos casos incorporados a la investigación. En paralelo, Defensa del Consumidor intervino sin éxito en una instancia de conciliación, que terminó con la aplicación de una multa máxima a la firma.
En marzo, los imputados habían sido detenidos tras allanamientos y permanecieron bajo prisión preventiva. Tras la homologación del acuerdo, recuperaron la libertad mientras avanzan con el cumplimiento del compromiso económico.
