Branka Motors bajo la lupa: allanamiento y ola de denuncias por estafa
La concesionaria Branka Motors fue allanada este miércoles por la noche. Vecinos denunciaron más de 200 casos por motos pagadas y no entregadas. Defensa al Consumidor convocó a audiencia.
El escándalo por las motos pagadas y nunca entregadas sumó este miércoles un capítulo clave: la concesionaria Branka Motors fue allanada en un operativo que comenzó alrededor de las 20.30, con intervención del ayudante fiscal Bruno Santiago. En el lugar estuvo Canal 8, único medio presente durante el procedimiento.
Según relataron denunciantes y fuentes vinculadas a la investigación, ya se concretaron cerca de 200 denuncias radicadas entre Fiscalía y Comisaría Segunda, un volumen que da cuenta de la magnitud del conflicto. Los testimonios coinciden en una misma secuencia: pagos al contado o con planes, plazos de entrega incumplidos y, en algunos casos, entregas parciales o irregulares.
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En paralelo a la causa penal, Defensa al Consumidor tomó intervención y convocó a una audiencia pública para el 30 de enero, ante la alta demanda de damnificados que buscan recuperar su dinero o una solución concreta. La titular del organismo, Fabiana Carrizo, explicó que el objetivo es canalizar respuestas para los afectados y avanzar en instancias de conciliación dentro de las posibilidades legales.
“Las puertas de la Dirección están abiertas porque el Estado tiene que ser así. Acá hay una ley que ampara los derechos de los consumidores y hay un incumplimiento de parte del propietario de esta concesionaria de motos”, sostuvo Carrizo, al remarcar que hubo entregas pactadas que no se respetaron.
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Del análisis preliminar de las presentaciones surgieron nuevas irregularidades: además de unidades que no fueron entregadas, se detectaron motos entregadas sin la documentación necesaria para patentar, lo que impide a los compradores registrarlas y circular legalmente. “Hay un incumplimiento contractual en entregas pactadas, pero también casos de personas a las que les entregaron la moto y les falta la documentación”, detalló la funcionaria.
Otro punto sensible es la dificultad para identificar a un responsable. Si bien la empresa fue citada a la audiencia, hasta ahora no se logró individualizar a una persona que responda como propietaria del comercio ubicado en Avenida Rioja y 25 de Mayo, en Capital. “Hay varios CUIT, estamos mirando eso también”, señaló Carrizo, mientras en redes y ámbitos informales circulan nombres que, según estiman algunos denunciantes, serían vendedores o simples firmantes de contratos, no necesariamente los responsables finales.
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En el plano judicial, la fiscalía ordenó la organización de la recepción de denuncias, dada la alta demanda, como ya ocurrió en otras causas complejas. La abogada penalista Filomena Noriega, representante de un grupo de damnificados, estimó alrededor de 170 denuncias y explicó que se solicitó a los interesados acudir a las comisarías de sus domicilios para ordenar el proceso. Se prevé recibir entre 10 y 12 denuncias por día hasta febrero.
Sobre la audiencia, Carrizo adelantó que será colectiva para permitir explicaciones integrales y buscar soluciones. Y advirtió que, si la empresa no comparece o no ofrece un plan satisfactorio, se avanzará con cargos por infracción a la Ley de Defensa del Consumidor, multas económicas y la derivación a la Justicia penal por presunta estafa. “Esperamos que la empresa dé la cara y resuelva la situación de cada uno de los afectados”, concluyó.
