Los fondos que hoy los Sanluiseños no tenemos para cumplir con nuestros compromisos básicos se los llevo la corrupción y los aprovechados del Estado Provincial. No salgo del asombro. Esto involucra también a la Comunidad Ranquel. Los fondos que hoy los Sanluiseños no tenemos para cumplir con nuestros compromisos básicos se los llevo la corrupción y los aprovechados del Estado Provincial. No salgo del asombro. Esto involucra también a la Comunidad Ranquel.
Según la ley provincial, el Estado está obligado a brindar apoyo técnico, administrativo, cultural y económico para el desarrollo de estas comunidades. Sin embargo, los ranqueles afirman que en lugar de recibir ayuda, fueron víctimas de una estafa perpetrada por Freixes y sus asociados.
Desde 2017, Freixes ejerció como interventor de la comunidad ranquel, pero durante la pandemia de COVID-19, según la denuncia, comenzó una presunta estafa. Se le otorgó un poder especial para realizar operaciones administrativas y bancarias, lo que le permitió manejar enormes sumas de dinero y tomar decisiones sobre la propiedad de la tierra sin contratos adecuados.
Embed - Claudio Javier Poggi, Gobernador de la Provincia de San Luis
Según la denuncia oficial, Freixes y sus asociados manejaron más de $283 millones en fondos, actualmente bajo investigación por lavado de dinero. Además, se descubrió que Freixes había organizado una asamblea falsa, donde él mismo, el hijo de Rodríguez Saá y la secretaria privada de Freixes fueron nombrados como caciques de la comunidad, todo con el propósito de consolidar su control sobre la misma.
La situación alcanzó su punto máximo cuando, días antes del cambio de mandato, se transfirieron $50 millones desde el gobierno saliente a las cuentas administradas por Freixes y su hijo. Esta acción generó indignación y llevó a la presentación de la denuncia por falsedad ideológica.
La comunidad ranquel también denunció la desaparición de vehículos y maquinaria agrícola, registrados a nombre de Freixes pero no inventariados. Se estima que hay al menos 168 caballos y más de 8000 vacas en la propiedad, así como 130 búfalos que nunca fueron declarados al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Ante estas acusaciones, el nuevo gobierno provincial ha tomado medidas para restaurar la legalidad en la comunidad ranquel, incluyendo la designación de nuevos representantes y la prohibición de que Freixes y el hijo de Rodríguez Saá actúen en nombre de la misma.
El caso sigue siendo investigado por las autoridades judiciales, mientras que la comunidad ranquel busca recuperar el control de sus tierras y recursos, poniendo fin a décadas de manipulación y presunta corrupción.
Fuente: Clarín
