Ninguna de esas condenas está firme ya que están apeladas y bajo revisión. Por eso el tribunal oral ayer no hizo referencia a esos casos. Si las tres condenas quedan firmes ahí se hará el computo de todas -no se suman matemáticamente- y se establecerá una pena única para el ex funcionarios que puede ser de ejecución condicional, como lo son hasta ahora todas, o de cumplimiento efectivo.
Moreno tuvo un cuarto juicio. Fue absuelto en diciembre del 2021 por haber perturbado una asamblea del Grupo Clarín en abril de 2013 de la que participó en representación del Estado junto con el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Para los jueces del tribunal oral Moreno fue instigaron de los cambios en la metodología de la inflación en el INDEC y Paglieri quien lo llevó a la práctica. “Se comprobó que los datos del INDEC fueron manipulados en el primer semestre del 2007, de enero a junio, y lo mismo con el índica de precios de agosto de Mendoza. Y Moreno formó parte de esa maniobra”, dijo una fuente judicial que trabajó en el caso. El próximo 4 de septiembre los jueces darán a conocer los fundamentos de su resolución.
Lo que se conoció ayer fue la parte resolutiva. Además de las condenas, el tribunal oral absolvió a las dos otras acusadas del caso, las empleadas las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda.
Lo que el tribunal oral tuvo por probado en el juicio es que cuando Moreno asume como secretario de Comercio Interior convocó a las autoridades del INDEC con la intención de que le revelen el método de relevamiento de precios en los comercios para medir la inflación. Los funcionarios se negaron porque ese trabajo está protegido por la confidencialidad del secreto estadístico.
Así, Moreno le pide intervención a la entonces ministra de Economía de la Nación, Felisa Miceli, que designa en el INDEC a Paglieri. En el juicio oral, los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski pidieron que se abra una causa penal para investigar la responsabilidad de Miceli porque el INDEC dependía de su Ministerio y no de la Secretaría de Comercio. Los jueces resolvieron en el veredicto que la denuncia quede a cargo de la Fiscalía.
Para el tribunal oral con la llegaba de Paglieri se comenzó a materializar la manipulación de los índices. “Con la aparición de Paglieri se desdibuja la intervención de Moreno pero fue el instigador de la maniobra”, confío una de las fuentes consultadas.
Por eso los jueces entendieron que los dos fueron autores de los delitos de abuso de poder y destrucción de documentos y registros públicos. Los fiscales habían acusado a los ex funcionarios por esos delitos y por otros dos: violación de secretos y falsedad ideológica.
La violación de secreto era por el acceso a la información confidencial de los comercios en los que se relevaban los precios. Los jueces entendieron que no se probó que efectivamente Moreno haya acceso a esa documentación. Respecto a la falsedad ideológica de documento público fue planteada por la fiscalía porque así se falseaba la información pública de los datos.
Pero los jueces concluyeron que el documento -el papel que daba la información de los índices, una suerte de comunicado- por sí solo no era ideológicamente falso porque el delito de la manipulación de daba de manera previa en la carga del sistema de datos. Por eso Moreno no fue condenado por ese delito.
Por otra parte, el tribunal absolvió a Filia y Cámpora Avellaneda. La Fiscalía las había acusado de encargarse de sacar las fotocopias de los formularios de los índices que luego le daban a Paglieri. Para los jueces eso no se probó.
El fallo del tribunal oral puede ser apelado. Esa instancia comenzará a correr después del 4 de septiembre cuando el tribunal de a conocer los fundamentos del veredicto. Por un lado, Moreno y Paglieri podrán apelar su condena -en el juicio las defensas pidieron la absolución- y la Fiscalía hacer lo propio ya que en el juicio habían pedido una pena de cuatro años de prisión por cuatro delitos y dos años de prisión en suspenso para Filia y Cámpora Avellaneda.
Primero pasará por la Cámara Federal de Casación Penal y luego, si vuelve a ser apelado, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
