La iniciativa, presentada como una suerte de “blanqueo” indirecto, establece precisiones operativas y fija nuevas reglas para formalizar el dinero fuera del sistema.
El Gobierno reglamentó la ley de Inocencia Fiscal y puso en marcha el nuevo esquema que apunta a darle seguridad jurídica a los contribuyentes para que puedan utilizar los dólares no declarados.
La iniciativa, presentada como una suerte de “blanqueo” indirecto, establece precisiones operativas y fija nuevas reglas para formalizar el dinero fuera del sistema. Además, suma cambios estructurales en el sistema tributario, eleva los umbrales penales y redefine el rol del organismo recaudador.
La normativa establece que todas las operaciones vinculadas al uso de esos fondos deberán estar bancarizadas. Con esta condición, el Ejecutivo busca evitar conflictos con los estándares internacionales de control financiero y alinearse con las recomendaciones de organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En la práctica, los dólares deberán ingresar al sistema financiero en algún punto de la transacción, ya sea mediante el depósito previo en una cuenta o al momento de concretar la compra de un bien, como una propiedad o un auto. Con esta condición, el Ejecutivo busca alinearse con estándares internacionales y, al mismo tiempo, fortalecer el crédito a partir del aumento de depósitos.
Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es el llamado principio de “Inocencia Fiscal”. La norma parte de la premisa de que el contribuyente debe ser considerado cumplidor, lo que implica que el organismo recaudador ya no podrá denunciar automáticamente ante la Justicia penal en todos los casos, especialmente cuando las diferencias respondan a criterios técnicos, interpretaciones contables o presunciones sin pruebas contundentes.
En este contexto, ARCA concentrará sus controles en unos 11.000 grandes contribuyentes que explican cerca del 80% de la recaudación, mientras que el padrón de alrededor de 10 millones de registrados que aportan el 20% restante tendrá mayor libertad para operar con menos presión fiscal y administrativa.
El nuevo régimen simplificado de Ganancias aparece como una de las piezas clave del sistema. Se podrá adherir de forma digital con un solo clic y el impuesto se calculará únicamente en base a ingresos y egresos, sin necesidad de computar gastos ni variaciones patrimoniales como sucedía hasta ahora.
Además, se creó una Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias destinada a personas físicas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones. En este esquema, el propio organismo recaudador confeccionará la declaración en base a la información disponible y quienes paguen en término quedarán liberados de otras obligaciones formales, salvo en casos de errores graves.
La reglamentación también establece que hasta $1.000 millones, unos US$689.000 al tipo de cambio oficial, podrán bancarizarse sin pagar Ganancias, con el objetivo de incentivar la formalización del dinero ahorrado fuera del sistema.
