Para esto, el Ejecutivo oficializó también el modelo de formulario que deberá ser completado por los solicitantes. De igual forma, destacaron que gran parte de los datos se obtendrán de registros previos, como el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE); por lo que quienes ya estén inscriptos allí no necesitarán anotarse de nuevo.
Sin embargo, el Gobierno exigirá que, si surgen cambios en la composición del grupo familiar, en la situación económica o en el tipo de suministro, las personas actualicen sus datos por internet o, para quienes no puedan hacerlo online, de manera presencial en la ANSES.
La vigilancia sobre la información declarada será rigurosa. La disposición establece que los organismos estatales podrán realizar “cruces” para comprobar la veracidad de los ingresos informados y otros aspectos relevantes. Según la directiva, “la ANSES pondrá a disposición la información que permita verificar los ingresos registrados del conjunto de los integrantes del hogar”. El acceso será posible gracias a mecanismos oficiales de intercambio de datos que se establecieron entre distintas agencias, como la ANSES, el SINTyS y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El texto subraya, además, que este cruce de información se realizará “con la finalidad de evaluar la elegibilidad de los hogares solicitantes o beneficiarios del régimen”. Es decir, el Gobierno cruzará los datos de salarios, propiedades y familiares convivientes para evitar que reciban el beneficio quienes no cumplen los requisitos. El reglamento precisa que toda esta operatoria deberá respetar los límites impuestos por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, un punto sensible que ya dio lugar a debates sobre la privacidad. La norma aclara: “Los datos personales recabados tendrán por finalidad exclusiva la incorporación, actualización, verificación y evaluación de la elegibilidad de los beneficiarios”.
Cada usuario deberá completar una declaración jurada, con datos de todos los convivientes e información patrimonial. En caso de modificaciones, también podrá revisar o subsanar la información a través de la plataforma “Mi Argentina” o, si corresponde, por el sistema de Trámites a Distancia (TAD).
El nuevo esquema también pone en primer plano la obligación de los distintos organismos públicos y empresas de servicios de remitir sus datos para el control de los subsidios. El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la ANSES, la ARCA, el SINTyS y hasta los prestadores privados estarán obligados a colaborar con la Secretaría de Energía. Esta integración terminará cuando empiece a funcionar el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, según aclara el decreto.
Las consultas sobre el propio estado ante el subsidio podrán hacerse en todo momento. Los beneficiarios tendrán derecho a conocer si conservan el subsidio, si hay cuestionamientos sobre su situación patrimonial o si están sujetos a revisión. Los canales habilitados para reclamos y revisión seguirán siendo los digitales, como la página de la Secretaría de Energía o los formularios disponibles en la web oficial.
