Las decisiones de la vida democrática de un país también son tomadas por las personas privadas de su libertad. En Argentina, el próximo 19 de noviembre más de 43.000 internos que se encuentran procesados o con prisión preventiva podrán ejercer su derecho al voto para elegir al próximo presidente.
Según datos del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena de 2022, en Argentina son 43.191 las personas que se encuentran procesadas o cumpliendo prisión preventiva, lo que representa al 41% de la población carcelaria. Desde 2007 quienes aún no tienen condena firme pueden ejercer su derecho democrático a votar, según estableció el Decreto 1291/06 que reglamentó el artículo 3 bis del Código Electoral Nacional.
Para votar, las urnas se llevan a las unidades carcelarias para que puedan participar todas las personas que se encuentran en el Registro de Electores Privados de Libertad. Cada voto cuenta para el distrito electoral en el que está empadronada el o la votante. El sufragio se emite mediante una boleta única con todas las categorías a elegir y la identificación de cada agrupación que disputa los sufragios.
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Durante los comicios, la autoridad de mesa le da a cada elector o electora la boleta y un instrumento para marcar a las candidatas o candidatos de su preferencia. Una vez marcado en un cuarto oscuro, doblan la boleta y la introducen en la urna.
Contra los prejuicios
En la sociedad es frecuente identificar estereotipos negativos sobre las personas privadas de su libertad, sin poner foco en las condiciones previas a la situación por la que cumplen condena o los logros y esfuerzos que realizan para construir una realidad con mayor garantía de derechos. En Argentina, La Red Creer trabaja para brindar el acompañamiento que, probablemente, nunca recibieron hasta transitar su experiencia en la cárcel.
“Queremos debatir estos lugares comunes sobre las personas privadas de su libertad. Al mismo tiempo que trabajamos para construir realidades efectivamente inclusivas para ellas y sus familias, nos parece fundamental y responsable aportar a cuestionar los prejuicios sociales”, resaltó Sequeira. Se trata de transformar la mirada y cuestionar las bases que entienden que quienes están en la cárcel no son parte de la sociedad.
En ese sentido, consideró que “es importante conocer que son personas social y políticamente activas como cualquier otra en el ejercicio de sus derechos ciudadanos”. Es que una democracia real es una democracia con todas las personas.
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