La Constitución Nacional establece en su artículo 63 que el Presidente puede convocar sesiones extraordinarias, lo que le permitiría reabrir el Parlamento en caso de ser necesario. Sin embargo, los rumores que llegan desde la Casa Rosada indican que, de ser convocadas, el Poder Ejecutivo impulsaría una reforma política que incluye la eliminación de las PASO, el recorte de los fondos públicos a los partidos políticos y modificaciones a la ley orgánica de los mismos. Además, se añadirían dos temas polémicos: la privatización de Aerolíneas Argentinas y la habilitación al Senado para tratar los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Por otro lado, el proyecto de ley del Presupuesto 2025, fundamental para el próximo ejercicio fiscal, no parece estar en la agenda de discusión de la Casa Rosada. Este presupuesto, reclamado por los gobernadores, incluye puntos de conflicto con el Ejecutivo, especialmente en lo relacionado con la coparticipación de impuestos, lo que, según el Gobierno nacional, pondría en riesgo el equilibrio fiscal y el déficit cero. La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, suspendió el debate sin reactivarlo.
En un contexto de pedido de sesiones extraordinarias, el radicalismo también presentó una iniciativa que busca modificar la ley de Jubilaciones de Privilegio (Ley 24.018). La diputada Gabriela Brouwer de Koning, titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, recordó que había presentado un proyecto en agosto pasado para modificar el régimen de haberes previsionales de expresidentes y exvicepresidentes.
“La decisión del Presidente Milei de suspender el pago de las asignaciones mensuales vitalicias a la expresidenta Cristina Kirchner debería respaldarse en una ley del Congreso y no por un simple acto administrativo. Además, dicho acto administrativo es susceptible de crítica por arbitrariedad al no aplicarse al caso análogo de la pensión del expresidente Menem, también condenado por corrupción”, dijo la diputada.
La propuesta de Brouwer de Koning establece que los expresidentes no podrán percibir más de un haber y que los condenados por delitos de corrupción, así como sus herederos, no podrán acceder a estas asignaciones. Además, se sugiere que los expresidentes que ocupen cargos públicos pierdan automáticamente el derecho a recibir dicha asignación.
Este proyecto se presentó en un contexto político complejo, cuando la Cámara de Diputados debatía la ley de Movilidad Jubilatoria, sancionada por el Congreso y vetada por el presidente Milei. A pesar de los intentos de la oposición por revertir el veto, el bloque de La Libertad Avanza logró evitar la anulación de la decisión presidencial.
Mientras tanto, la Cámara de Diputados se prepara para la sesión del 4 de diciembre, en la que se elegirán las autoridades para el período legislativo 2025. Todo indica que el diputado libertario Martín Menem será reelecto al frente del cuerpo. Ya adelantó Unión por la Patria que ese lugar le corresponde al oficialismo.
