El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza reclamó que Nicolás Maduro brinde información sobre el paradero de Nahuel Gallo.
El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Gustavo Castiñeira de Dios, aludió a la decisión de su tribunal de presentar un habeas corpus para exigir al gobierno de Venezuela información sobre Nahuel Agustín Gallo, gendarme argentino detenido en ese país.
“El primer elemento que surge claramente es que un tribunal de la República Argentina está exhortando a un Estado extranjero a cumplir, ni más ni menos, con las normas internacionales de derechos humanos. Es un acto judicial con toda la rigurosidad que ello implica”, explicó el magistrado en declaraciones a Radio Mitre.
El habeas corpus pidió además abrir una causa penal por el delito de “desaparición forzada de personas”, que se expliquen los motivos del arresto, que se dé a conocer el nombre del juez a cargo del proceso y que se le permita a Gallo designar a un abogado y estar en contacto con su familia.
En un documento de 13 páginas, los camaristas Castiñeira de Dios, Manuel Pizarro y Juan Ignacio Pérez Curci ordenaron “exhortar a la República Bolivariana de Venezuela a que, a través de las autoridades correspondientes, informen de modo inmediato el paradero del Sr. Nahuel Agustín Gallo (...) los motivos de su detención y a disposición de qué autoridad judicial competente se encuentra”.
La Cámara ordenó también “instar a las autoridades judiciales de la República Bolivariana de Venezuela a presentar física o telemáticamente al Sr. Nahuel Agustín Gallo” ante las autoridad que designe la Cancillería Argentina “con el fin de ser asesorado” y se facilite el contacto con sus familiares.
“Nosotros antes de resolver emitimos un oficio a Interpol, emitimos oficio a Cancillería para ver en qué situaciones estaba, qué se podía informar. No hay ningún dato, no hay respuesta de ninguna manera. Es más, no sabemos si está vivo”, subrayó Castiñeira de Dios.
El juez sostuvo que la posición del gobierno de Venezuela “es insostenible jurídicamente ante cualquier organismo de derechos humanos”.
“El primer derecho humano esencial reconocido por todos los tratados internacionales es el derecho a la vida y a la libertad. Tener a una persona detenida, sin saber en qué condiciones está, sin contacto con su familia, es una violación flagrante de derechos fundamentales”, enfatizó.
