Reuniones, mochileros y microfilm
También se eliminará la Ley 20.120, que establece regulaciones para reuniones en lugares cerrados, exigiendo notificaciones previas y facultando al Ejecutivo a prohibir encuentros si se consideran una amenaza para la seguridad pública. Para el Gobierno, se trata de una norma anacrónica y restrictiva.
Otra curiosidad que desaparecerá es la ley del carnet de mochilero (Ley 20.802), que obliga a las personas que viajan pidiendo colaboración para trasladarse y acampar a portar una credencial. Junto a esta, se anularán varias disposiciones sobre el uso de microfilm en organismos del Estado como el Banco Nación, ANSES y el Ejército, una práctica ya superada por la digitalización.
Conejos, educación y salud
Dentro del listado aparece también la derogación de la Ley 23.634, que declara de interés nacional la cría de conejos y establece incentivos fiscales, líneas de financiamiento y la creación de un banco genético para fomentar el consumo de carne cunícola.
El Ejecutivo también eliminará la Ley 27.652, que estableció una estrategia educativa integral para acompañar a estudiantes afectados por el aislamiento durante la pandemia. El plan contemplaba tutorías, dotación tecnológica y un seguimiento personalizado para evitar el abandono escolar.
Finalmente, el decreto incluirá la anulación de normativas sanitarias vinculadas a la prevención de la viruela, como la obligación de notificar casos o la facultad del Estado para dictar aislamientos preventivos, y normas que promueven la creación de asociaciones civiles con beneficios específicos.
El objetivo principal es evitar la superposición de tareas entre las fuerzas y mejorar el sistema de reclutamiento de jóvenes que deseen ser parte de ellas.
Otro punto que podría aparecer en el Boletín Oficial es la reestructuración de varios organismos, a través de la centralización, es decir, que todos dependan de un ministerio y otro ente. La lista la integran INTI, INTA, INV, IMPI, ORSNA y ANAC. Tampoco se descarta que algunos de ellos puedan fusionarse y/o desaparecer.
En cuanto a los fideicomisos, los fondos fiduciarios de Infraestructura Regional (FFFIR) y de Desarrollo Productivo (FONDEP), serían eliminados. El Gobierno trabaja en su eliminación y esto podría repercutir en el financiamiento de proyectos en estas áreas. Tanto el FFFIR como el FONDEP manejaron más de $296.000 millones en 2024.
Tal como adelantó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, el objetivo del Gobierno es “seguir como hasta ahora sin las facultades delegadas”. Esto quiere decir que el Plan Motosierra podría llamarse de otra forma, pero las modificaciones podrían continuar.
En ese punto, el funcionario señaló que el “Plan Motosierra” se implementó para “volver al Estado más eficiente y devolverles dinero a los argentinos”.
“Ha sido un trabajo en conjunto. La delegación que nos dio el Congreso fue muy específica. Tiene que ver primordialmente con la posibilidad de racionalizar y hacer que el Estado pueda funcionar mejor, y creo que en eso se ha hecho una tarea muy importante. Vamos a terminar con unos 65 decretos delegados”, añadió.
“Vamos a seguir como hasta ahora sin ellas. Ya no tendremos las facultades delegadas, pero tendremos todo el resto de la normativa del Gobierno para simplificar y mejorar”, sentenció.
