“Siempre estuve ajustado a derecho y lo voy a estar. No hice nada malo. Los compañeros no hicieron ninguna de las porquerías que dice el Gobierno de (Javier) Milei y (Sandra) Pettovello. El Gobierno me quiere preso porque le molestamos”, dijo ayer Blliboni tras conocerse su citación: “Vamos a ir a presentarnos, yo y todos los compañeros citados; no tenemos nada que ocultar. No solo vamos a ir a declarar lo que quiere escuchar Casanello, sino que vamos a ir a denunciar”.
La acusación contra el titular del Polo Obrero es porque en esa condición firmó con el anterior Ministerio de Desarrollo Social los convenios de unidad de gestión a través de los cuáles los beneficiarios de los planes sociales -puntualmente el Potenciar Trabajo- debían cumplir tareas, muchas de ellas en comedores.
Los titulares de las unidades de gestión recibían fondos públicos para esa tarea y deben rendir cuentas. Según la acusación de la justicia, en el caso del Polo Obrero utilizó facturas falsas para justificar gastos que nunca se hicieron, como por ejemplo para la compra de ropa y de resmas. Para el uso de esas facturas apócrifas se utilizaban dos firmas, Rumbos y Coxtex. La primera aparece con un vínculo cercano al Partido Obrero como aportante a sus campañas electorales. La principal hipótesis es que el dinero no tenía como destino fines personales, sino para el financiamiento de la agrupación.
“Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas “Asociación Polo Obrero” y “Cooperativa El Resplandor Ltda.”, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa ‘Potenciar Trabajo’”, sostuvo el juez Casanello en su citación a indagatoria.
En la causa también se investiga la extorsión a beneficiarios de los planes. Quienes declararon como testigos bajo identidad reservada -y que fueron incorporados al programa de protección- señalaron que los obligaban a ir a marchas donde tomaban asistencia y que ante determinada cantidad de inasistencias se les quitaban los planes o los alimentos que el gobierno nacional entregaba.
El juez Casanello, que tiene el caso junto con el fiscal federal Gerardo Pollicita, habló de “la exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal”.
FUENTE: Infobae
