El presidente de la AFA fue procesado por presunta retención indebida de impuestos. La Justicia ordenó un embargo de $350 millones y mantuvo la prohibición de salida del país.
El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, procesó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, en el marco de una causa por presuntos desmanejos de fondos vinculados a la retención indebida de impuestos y aportes previsionales.
La resolución también alcanzó al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, y a otros dirigentes: Nicolás Malaspina, Claudio Blanco y Marcelo Lorenzo. Todos fueron procesados sin prisión preventiva al considerar el magistrado que existen elementos suficientes para vincularlos, en una primera instancia, con los hechos investigados.
Además, el juez ordenó un embargo sobre los bienes de Tapia y Toviggino por un monto de hasta $350 millones cada uno. En el caso del titular de la AFA, también se mantuvo la prohibición de salida del país, una medida que ya regía y que continuará vigente mientras avance el expediente.
La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que acusó a la AFA de actuar como agente de retención de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal.
Según consta en la causa, los períodos observados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 e incluyen retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social. El monto total involucrado supera los $19 mil millones.
Desde la defensa, Tapia y Toviggino argumentaron que la deuda fue cancelada, aunque fuera de término, lo que —según la acusación— no exime la configuración del delito.
En paralelo, el presidente Javier Milei tomó distancia del caso y remarcó que la denuncia fue impulsada por ARCA. “Si ARCA no hiciera eso, estaría incumpliendo los deberes de un funcionario público. En estos temas dejo que actúen los organismos y la Justicia, yo no interfiero”, sostuvo.
El mandatario agregó: “Si una persona comete un delito, tiene que pagar. En la Argentina, el que las hace las paga. Es una regla básica de este Gobierno”.
En contraste con el avance judicial, la AFA había difundido recientemente un comunicado institucional en el que destacaba la “transparencia” de la gestión de Tapia, a nueve años de su asunción. Allí se remarcaban mejoras en la administración, modernización de procesos y crecimiento en los ingresos del organismo.
