Ley de Glaciares: la discusión nacional que tiene a San Juan como protagonista

En ese contexto, el Gobierno de Javier Milei confirmó el envío al Congreso de una modificación de la Ley de Glaciares, con la intención de tratarla durante las sesiones extraordinarias. El objetivo oficial es reducir el área de protección actual y otorgar mayor autonomía a las provincias para definir qué ambientes glaciales deben resguardarse.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que la iniciativa responde a la necesidad de “terminar con la parálisis regulatoria” y liberar el potencial productivo del país. En el comunicado oficial se menciona, además, que se trata de un pedido explícito de provincias mineras como San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta y Mendoza.

Aunque el contenido final del proyecto aún no se conoció, trascendió que la reforma podría revisar el alcance del Inventario Nacional de Glaciares y permitir evaluaciones más específicas sobre cada zona.

Glaciares, prohibiciones y un modelo en discusión

Uno de los puntos más cuestionados del marco actual es que la legislación vigente aplica prohibiciones generales, sin distinguir entre los distintos tipos de glaciares, ambientes periglaciales o crioformas, que no siempre cumplen la misma función hídrica.

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Especialistas y sectores productivos sostienen que la ley presenta definiciones poco precisas, conceptos ambiguos y criterios técnicos discutibles, lo que derivó en restricciones amplias que mantienen gran parte de la cordillera casi intocada por la actividad minera.

El impacto económico no es menor: hoy, la minería representa apenas el 0,8% del PBI argentino, mientras que alcanza el 16% en Chile, el 12% en Perú y más del 10% en Australia. En otras palabras, Argentina explota solo una fracción de su potencial.

El espejo chileno y la experiencia regional

Del otro lado de la Cordillera, Chile logró compatibilizar minería, agricultura y protección ambiental. Proyectos como Río Blanco, El Teniente, Los Bronces y El Soldado generan entre 5 y 10 mil millones de dólares anuales, conviviendo con zonas vitivinícolas y agrícolas, y compartiendo el uso del agua.

Paradójicamente, esas regiones enfrentan problemáticas glaciales similares a las de Cuyo, lo que refuerza el argumento de quienes plantean que minería y glaciares no son incompatibles, siempre que exista control, tecnología y planificación.

San Juan: glaciares, datos propios y un rol central en el debate

San Juan ocupa un lugar clave en la discusión nacional no solo por su perfil minero, sino también por la magnitud y el conocimiento técnico de su ambiente glaciar. Es la única provincia del país que desarrolló su propio inventario provincial de glaciares, un mapa que se actualiza periódicamente y que registra alrededor de 6.000 glaciares en su territorio.

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Según datos expuestos recientemente por el especialista Pastore en una charla realizada en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el relevamiento muestra la dimensión real del recurso:

• Inventario 2017 (cuenca del Río San Juan): 5.530 glaciares, con menos de 500 km².

• Inventario provincial 2018: 6.174 glaciares, con una superficie de 596,8 km².

• Actualización 2022 (cuenca del Río San Juan): 3.912 glaciares, que abarcan 471,59 km².

Estos números posicionan a San Juan como la tercera provincia con mayor superficie glaciar del país, concentrando casi el 11% del total nacional, solo por detrás de Santa Cruz, que reúne cerca del 60%, y Mendoza, con aproximadamente el 21,5%.

Además, el dato hídrico es determinante: el 74% del agua sólida de la provincia proviene del ambiente glaciar, mientras que el 26% restante corresponde al ambiente periglaciar, donde se encuentran los glaciares de escombro. Esto explica por qué la discusión sobre glaciares en San Juan no es abstracta, sino directamente vinculada al abastecimiento de agua y al desarrollo productivo.

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Retroceso acelerado y advertencias científicas

En ese mismo marco, Pastore advirtió sobre un fenómeno alarmante: en apenas cinco años, San Juan perdió más del 50% del volumen de hielo del ambiente glaciar cordillerano, un retroceso atribuido al cambio climático y considerado extremo incluso en tiempos geológicos. La reducción acelerada de la llamada “parte blanca” de los glaciares compromete las reservas hídricas estratégicas de la provincia y obliga a repensar políticas de protección y uso del territorio.

Las fallas técnicas de la ley, bajo la lupa

El diagnóstico sanjuanino también puso en evidencia deficiencias técnicas de la actual Ley de Glaciares, que hoy cobran relevancia ante la revisión impulsada por el Gobierno nacional. Entre los puntos críticos, Pastore señaló:

• La delimitación del ambiente periglaciar: la ley ordena protegerlo, pero “no existe tecnología en el mundo capaz de trazar un límite preciso”, lo que vuelve impracticable su aplicación sin recursos ilimitados.

• La falta de definición de “reserva hídrica estratégica”: un concepto central de la norma que no está claramente definido ni en términos científicos ni administrativos.

• Inventarios sin reglas claras de actualización: la ley establece revisiones cada cinco años, pero no define cómo eliminar glaciares desaparecidos, reclasificar cuerpos ni quién toma esas decisiones.

• Ambigüedades normativas: que terminan trabando investigaciones científicas, evaluaciones ambientales y proyectos productivos en zonas cordilleranas.

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Un aporte clave al debate que viene

Mientras gobernadores de provincias mineras —con San Juan a la cabeza— impulsan una ley aclaratoria a nivel nacional, los datos técnicos y el seguimiento realizado en la provincia aportan evidencia concreta para un debate que promete ser central en el Congreso. La magnitud de las reservas, el retroceso acelerado del hielo y las inconsistencias de la norma vigente se perfilan como argumentos clave para discutir cómo proteger el recurso hídrico sin bloquear decisiones científicas, ambientales y productivas.

Qué se discute hacia adelante

La reforma que impulsa el Gobierno busca redefinir conceptos, evitar generalizaciones y permitir que cada proyecto sea analizado caso por caso, con estudios in situ y la intervención de organismos científicos especializados, como el Ianigla-Conicet, pero también con una decisión política que contemple el impacto social y económico.

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Para provincias como San Juan, el debate no es solo ambiental: es productivo, laboral y estratégico. La discusión que se abre en el Congreso marcará el rumbo de un modelo que intenta equilibrar cuidado del agua, desarrollo minero y generación de empleo.

^{Por Gabriel Rotter.}