El fenómeno se replica en todo el sistema. El ratio de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 6,7%, con incrementos en todos los tipos de entidades financieras. Sin embargo, el segmento más comprometido es el de los hogares, donde el deterioro es más acelerado.
Dentro de ese universo, los préstamos personales encabezan el ranking de incumplimiento, con un 13,8% en situación irregular. Le siguen las tarjetas de crédito, con un 11,6%, mientras que los créditos prendarios alcanzan el 6,8%. En tanto, los hipotecarios se mantienen en niveles más bajos, con un 1,4%, aunque también muestran una tendencia ascendente.
El incremento de la morosidad no solo se limita al sistema bancario. Un relevamiento privado advierte que 6 de cada 10 hogares tienen deudas no bancarias, vinculadas principalmente a gastos cotidianos como servicios, impuestos o educación. En ese segmento, el incumplimiento también crece y expone una presión cada vez mayor sobre la economía doméstica.
En términos generales, las familias acumulan deudas por unos $39 billones, entre compromisos formales e informales. El acceso al crédito bancario se amplió en los últimos años —hoy alcanza al 55,1% de los hogares—, pero también elevó el nivel de exposición: el endeudamiento promedio ya equivale a más de tres salarios formales, cuando años atrás no superaba uno y medio.
El impacto se refleja incluso en los gastos esenciales. La mora en expensas, cuotas escolares y servicios básicos muestra subas significativas, lo que evidencia que muchas familias deben priorizar qué obligaciones cumplir y cuáles postergar.
Otro dato que marca un cambio estructural es la caída de la asistencia informal. Los préstamos entre familiares o amigos, que históricamente funcionaban como red de contención, se redujeron de manera marcada, lo que obliga a los hogares a recurrir a financiamiento más costoso o directamente a atrasarse en los pagos.
Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, vinculó esta situación con el contexto financiero reciente y sostuvo que la solución pasa por consolidar la baja de la inflación, reducir las tasas de interés y mejorar las condiciones de financiamiento para permitir una readecuación progresiva de las deudas.
Aun así, los datos actuales reflejan un escenario exigente para las familias, donde el acceso al crédito convive con mayores dificultades para sostener los compromisos asumidos.
