La Corte rechazó la apelación del Gobierno y dejó firme el aumento de fondos

En su resolución, los jueces no analizaron el fondo de la discusión constitucional. El rechazo al planteo del Gobierno respondió a una cuestión procesal: consideraron que el recurso extraordinario no cumplía con los requisitos de admisibilidad, ya que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva.

Esto significa que la controversia sobre la validez del decreto presidencial continuará tramitándose en las instancias judiciales correspondientes. Sin embargo, mientras ese proceso siga en curso, la medida cautelar continúa vigente y el Gobierno deberá cumplirla.

En la práctica, el fallo obliga al Poder Ejecutivo a destrabar las partidas previstas por la Ley de Financiamiento Universitario, garantizando la actualización de salarios y el financiamiento de programas académicos mientras se resuelve la causa principal.