A diferencia de otros afectados, el jubilado logró financiar los costosos peritajes que la ley exige, una norma que coloca toda la carga probatoria sobre la víctima. Además del reclamo económico, la demanda busca impugnar la constitucionalidad de la Ley 27.573, abriendo un debate sobre el derecho a la reparación integral en campañas de vacunación masiva.
El expediente mendocino se suma a antecedentes internacionales: en España, un tribunal de Barcelona reconoció como accidente laboral los efectos adversos que un docente sufrió tras la vacuna de AstraZeneca, un fallo que marcó jurisprudencia europea. En Argentina, hay otras demandas en curso por síndrome de Guillain-Barré y púrpura trombocitopénica.
AstraZeneca ha reconocido la existencia de efectos secundarios raros, como la trombocitopenia trombótica inmune, pero sostiene que los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos. El Estado argentino, por su parte, se ampara en el paraguas legal que él mismo creó en plena emergencia sanitaria.
Si la Justicia hace lugar a este reclamo, podría abrir la puerta a una catarata de demandas y redefinir la relación entre ciudadanos, Estado y laboratorios en futuras campañas de salud pública.
