El análisis tampoco logró determinar si existió una manipulación mediante inteligencia artificial. Si bien los peritos encontraron características propias del habla humana, como variaciones de entonación, pausas y respiraciones naturales, aclararon que no cuentan con herramientas forenses validadas para descartar de manera concluyente el uso de tecnologías de clonación de voz o deepfakes. El informe examinó 58 archivos, aunque solamente 14 reunieron inicialmente las condiciones técnicas para avanzar en las distintas etapas del estudio.
Las conclusiones, sin embargo, generaron diferencias entre los especialistas que participaron del procedimiento. Cinco peritos de la fiscalía, pertenecientes a la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), firmaron en disidencia y cuestionaron que se haya descartado la comparación de voces. Según su postura, existían otros métodos de análisis perceptual y semiautomático que podían utilizarse pese a las limitaciones del programa informático empleado por Gendarmería. También señalaron contradicciones en los criterios técnicos aplicados durante el desarrollo de la pericia.
El resultado representa un elemento que la defensa de Spagnuolo buscará aprovechar. El exdirector de la ANDIS sostiene que las grabaciones son falsas y sus abogados preparan un planteo para solicitar que sean excluidas como prueba.
La estrategia apunta incluso a cuestionar los primeros allanamientos realizados en el expediente y fortalecer un eventual pedido de sobreseimiento. La causa tramita en el Juzgado Federal N° 11, actualmente subrogado por el juez Ariel Lijo.
Del otro lado, el fiscal Franco Picardi sostiene que los audios no fueron utilizados como fundamento para construir las acusaciones contra los imputados, ya que la investigación cuenta con documentación y elementos informáticos independientes. Además, la fiscalía considera que el cotejo de voces podría realizarse mediante otros procedimientos y analiza proponer que esa parte del estudio sea repetida.
De esta manera, el peritaje no cierra la investigación ni determina la falsedad de las grabaciones, pero abre una nueva disputa judicial sobre su autenticidad, su valor probatorio y el alcance de las pruebas reunidas en el escándalo de la ANDIS.
