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Emergencia en Discapacidad: gobierno promulgó la ley, pero suspendió su aplicación

La medida busca calmar la tensión social y política mientras se define el Presupuesto 2026 y comienza la campaña electoral.

El Gobierno decidió frenar la aplicación de la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad, aunque al mismo tiempo abrió la canilla de fondos para calmar un conflicto que venía escalando con los prestadores del sector. Con la Decisión Administrativa 24/2025, la Jefatura de Gabinete reasignó más de $121.000 millones al presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), destinados a financiar la actualización de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, un reclamo que se había vuelto insostenible en las últimas semanas.

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La historia de esta ley es en sí misma un pulso político. El Congreso la sancionó con amplio respaldo, el Ejecutivo la vetó de manera total y, con los dos tercios de ambas cámaras, los legisladores forzaron su promulgación. Finalmente, el Gobierno tuvo que aceptarla con dientes apretados, pero dejó una traba clave: su aplicación dependerá de que el Congreso apruebe las partidas en el Presupuesto 2026, enviado el 15 de septiembre.

Los números

Los números detrás de la norma muestran por qué la resistencia oficial fue tan marcada. Según los cálculos del propio Ejecutivo, el impacto fiscal total treparía a $3,02 billones entre 2025 y 2026, lo que equivale a 0,35% del PBI. Solo la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social insumiría $2,16 billones este año (0,26% del producto) y escalaría a $4,7 billones en 2026 (0,47% del PBI). A esto se sumarían los costos del Programa Incluir Salud, $574.200 millones este año y $1,23 billones en 2026, y la compensación económica a prestadores, que demandaría otros $278.323 millones.

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El Decreto 681/2025 fue explícito: aun agotando todos los créditos disponibles de la administración central sería “imposible financiar plenamente las obligaciones previstas sin desfinanciar funciones esenciales del Estado”. Con esa advertencia, la Casa Rosada buscó blindar la decisión de postergar la implementación integral de la ley.

En paralelo, el refuerzo de fondos para la Andis se convirtió en una válvula de escape. Los $121.363 millones reasignados provienen de recortes equivalentes en las “obligaciones a cargo del Tesoro” y entrarán en vigencia el 1° de octubre de 2025. La medida permitirá cumplir con la actualización de aranceles que el sector venía exigiendo con fuerza, en un contexto de inflación persistente y tarifas atrasadas.

En los hechos, la jugada del Ejecutivo deja la emergencia en discapacidad en suspenso, pero reconoce que la presión social y política en torno al tema no puede ignorarse. El Gobierno gana tiempo hasta la discusión presupuestaria, mientras busca demostrar que, aun bajo su lógica de ajuste, puede ceder en áreas sensibles para descomprimir tensiones.

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