Los números
Los números detrás de la norma muestran por qué la resistencia oficial fue tan marcada. Según los cálculos del propio Ejecutivo, el impacto fiscal total treparía a $3,02 billones entre 2025 y 2026, lo que equivale a 0,35% del PBI. Solo la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social insumiría $2,16 billones este año (0,26% del producto) y escalaría a $4,7 billones en 2026 (0,47% del PBI). A esto se sumarían los costos del Programa Incluir Salud, $574.200 millones este año y $1,23 billones en 2026, y la compensación económica a prestadores, que demandaría otros $278.323 millones.
El Decreto 681/2025 fue explícito: aun agotando todos los créditos disponibles de la administración central sería “imposible financiar plenamente las obligaciones previstas sin desfinanciar funciones esenciales del Estado”. Con esa advertencia, la Casa Rosada buscó blindar la decisión de postergar la implementación integral de la ley.
En paralelo, el refuerzo de fondos para la Andis se convirtió en una válvula de escape. Los $121.363 millones reasignados provienen de recortes equivalentes en las “obligaciones a cargo del Tesoro” y entrarán en vigencia el 1° de octubre de 2025. La medida permitirá cumplir con la actualización de aranceles que el sector venía exigiendo con fuerza, en un contexto de inflación persistente y tarifas atrasadas.
En los hechos, la jugada del Ejecutivo deja la emergencia en discapacidad en suspenso, pero reconoce que la presión social y política en torno al tema no puede ignorarse. El Gobierno gana tiempo hasta la discusión presupuestaria, mientras busca demostrar que, aun bajo su lógica de ajuste, puede ceder en áreas sensibles para descomprimir tensiones.
