El Gobierno negocia con gobernadores la aprobación de la Reforma Laboral
La Casa Rosada activó una ofensiva política para sumar apoyos provinciales y votar la reforma laboral en sesiones extraordinarias. Diego Santilli iniciará una gira por el interior y el proyecto podría tratarse en febrero.
El Gobierno nacional volvió a poner en marcha las negociaciones con los gobernadores para destrabar la reforma laboral, uno de los proyectos centrales de la agenda del presidente Javier Milei. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará una gira por distintas provincias para reforzar acuerdos políticos y legislativos, mientras el Ejecutivo evalúa prorrogar las sesiones extraordinarias para llevar la iniciativa al recinto del Senado.
Según fuentes oficiales, el Gobierno trabaja en un cronograma de prórroga de las sesiones extraordinarias, con la intención de tratar la reforma laboral en el Senado el martes 10 o miércoles 11 de febrero. El proyecto ya cuenta con dictamen, pero su aprobación depende de cerrar acuerdos con los gobernadores, principalmente por el impacto fiscal que tendría en las provincias.
El primer encuentro clave del año se dará en Chubut, donde Santilli se reunirá el próximo miércoles con el gobernador Ignacio Torres. La agenda incluirá el reclamo provincial por una deuda de $51.000 millones que Nación mantiene con Chubut por la caja previsional. Si bien el mandatario ya presentó una demanda ante la Corte Suprema, en la Casa Rosada hay expectativas de avanzar en una salida negociada, tras la baja de retenciones a la exportación de crudo.
La gira del ministro del Interior también incluirá a Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, y Chaco, a cargo de Leandro Zdero. Ambas provincias integraron alianzas con La Libertad Avanza en las legislativas de octubre y cuentan con senadores clave para empujar la sanción del proyecto.
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Tras la aprobación del Presupuesto 2026, en el oficialismo aseguran que existe un principio de acuerdo para avanzar también con la reforma laboral. Para eso, Milei deberá firmar un decreto que extienda las sesiones extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero, en la antesala del inicio del período ordinario el 1 de marzo.
El punto de conflicto: Ganancias y coparticipación
Uno de los principales focos de tensión es el impacto de la reforma sobre la recaudación provincial, en particular por los cambios en el Impuesto a las Ganancias. Gobernadores advierten que la caída de la actividad económica ya provocó un fuerte desplome de los recursos coparticipables.
“Solo la baja en Ganancias tiene un impacto neto de 1,6 billones de pesos en la coparticipación. La recaudación cayó casi 20 puntos. El alivio fiscal es positivo, pero no si el ajuste lo pagan las provincias”, señaló un mandatario al tanto de las negociaciones.
Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que la reforma laboral permitiría bajar el riesgo país, facilitar el acceso al financiamiento de las provincias y reducir la industria del juicio laboral, además de impulsar la inversión y la producción local.
Fondos y estrategia política
En paralelo a las negociaciones, la Casa Rosada reactivó a fines de 2025 el reparto de $199.500 millones en ATN, de los cuales $66.500 millones fueron girados a gobernadores aliados en coincidencia con la convocatoria a sesiones extraordinarias. Entre los principales distritos beneficiados figuran Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta.
Con 20 senadores propios, el oficialismo necesita llegar a un piso de 37 votos para blindar la sanción en la Cámara Alta, por lo que el respaldo de los gobernadores resulta determinante.
Los cambios impositivos del proyecto
Entre los artículos más sensibles del dictamen se destacan la exención de Ganancias para los alquileres de vivienda a partir de 2026 y la reducción de alícuotas para sociedades de capital, que bajan del 30% al 27% y del 35% al 31,5% en las escalas más altas. Además, se elimina una serie de impuestos internos sobre seguros, telefonía, bienes suntuarios, vehículos, embarcaciones y aeronaves.
La iniciativa, denominada oficialmente “Modernización Laboral”, es considerada prioritaria por el Ejecutivo, que confía en repetir el esquema de negociación que permitió sancionar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.