Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, la oposición consiguió avanzar con la ley que declara la emergencia en Discapacidad, a pesar del veto presidencial. La discusión reflejó la tensión política que atraviesa el Ejecutivo y la presión de distintos bloques para que se garantice el acceso a las prestaciones en un área que registra demoras y conflictos por la actualización de aranceles para prestadores y programas de asistencia.
El escándalo se originó a partir de audios difundidos en redes sociales y plataformas de streaming, en los que se aludía a retornos económicos solicitados a laboratorios y se mencionaba a allegados del Presidente y otros funcionarios. Aunque el origen de las grabaciones aún se desconoce, su difusión generó un revuelo interno y disparó la intervención del organismo.
La remoción de Spagnuolo marca un giro en la estrategia del Gobierno para recuperar la iniciativa política y demostrar control sobre los organismos descentralizados que dependen del Estado. La intervención de Vilches busca asegurar la transparencia administrativa, garantizar la continuidad de los servicios y poner fin al debate mediático y legislativo que mantenía en vilo al sector.
En paralelo, la oposición sigue presionando en el Congreso por la actualización de prestaciones y medidas concretas que impacten directamente en la calidad de atención a las personas con discapacidad, mientras que el Ejecutivo evalúa medidas adicionales que no impliquen desfinanciar el organismo ni afectar las prestaciones.
