El cambio supone ampliar el alcance del sistema respecto de las condiciones actuales, que contemplan ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.
Además, la iniciativa extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para acceder a los beneficios del régimen.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que ARCA conservará sus facultades de fiscalización, especialmente sobre contribuyentes considerados de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.
La iniciativa también redefine qué se considerará una “discrepancia significativa”, es decir, una diferencia que puede habilitar al organismo a impugnar una declaración jurada simplificada y avanzar sobre la declaración de Ganancias.
El criterio se configurará cuando la revisión implique un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo informado originalmente por el contribuyente.
A su vez, quienes adhieran al régimen deberán canalizar sus operaciones mediante el sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.
Durante el tratamiento parlamentario también se incorporó una modificación vinculada a las pequeñas y medianas empresas. El dictamen acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales para las PyMEs, uno de los cambios incluidos durante la negociación previa a la votación.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto inicia ahora su recorrido por el Senado, donde el oficialismo deberá volver a reunir los acuerdos necesarios para convertirlo en ley.
