El jefe de Gabinete explicó que si la Justicia no mantiene en suspenso la sentencia que la obliga a pagar USD 16.100 millones, Argentina no podrá cumplir.
Este miércoles podría quedar firme la decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos sobre la entrega de acciones de YPF a fondos especulativos que reclaman una indemnización de USD 16.100 millones, consecuencia de la expropiación de la petrolera en 2012.
El gobierno argentino, en voz del jefe de Gabinete Guillermo Francos, advirtió que un fallo que ordene la entrega de estas acciones sería “incumplible”, ya que la legislación nacional establece que la venta o transferencia de participaciones estatales requiere la aprobación del Congreso con mayoría especial.
El caso tiene un fuerte componente inédito: la jueza federal Loretta Preska ordenó al Estado argentino entregar a los fondos Burford Capital y Eton Park acciones de YPF como pago, a pesar de que la empresa es propiedad estatal y está protegida por leyes locales que dificultan su enajenación.
Desde la Procuración del Tesoro, que coordina la defensa, indicaron que se evalúan todas las opciones, incluida la apelación ante la Corte Suprema estadounidense en caso de una resolución adversa. En paralelo, la Corte de Apelaciones podría decidir mantener la suspensión actual del fallo o imponer la entrega de un activo alternativo como garantía.
Burford Capital, titular de los derechos de litigio, indicó que no está interesada en quedarse con las acciones de YPF y no mantiene negociaciones directas con funcionarios argentinos desde 2024, según fuentes cercanas.
La audiencia oral por la apelación de fondo está prevista para el 27 de octubre, y será entonces cuando se dirima la validez de la condena millonaria contra Argentina.
Por último, analistas advierten que la resolución del Segundo Circuito puede provocar importantes movimientos en los activos de YPF y Burford, además de definir un hito en la historia de la disputa judicial más compleja que enfrenta el país en materia internacional.
