Uno de los principales puntos señalados por Pollicita surge de una comparación entre los ingresos y los gastos del grupo familiar durante el período analizado.
Según la reconstrucción fiscal, entre diciembre de 2023 y junio de 2026, Adorni percibió 35 haberes como jefe de Gabinete. Sumados los ingresos comprobados de su esposa, el grupo familiar alcanzó $229.752.283,20.
El problema aparece cuando la Fiscalía contrasta ese monto con los gastos registrados durante el mismo período: $272.820.832,20. La diferencia es de $43.068.549. Es decir, el gasto reconstruido supera en ese monto a los ingresos que los investigadores pudieron acreditar hasta ahora.
A esa diferencia en pesos se agrega otro capítulo: la Fiscalía reconstruyó desembolsos por US$402.578,12 relacionados con propiedades, refacciones, viajes, alquileres, mobiliario y otros gastos. Para Pollicita, esos movimientos todavía no encuentran un correlato suficiente en los ingresos lícitos comprobados.
Una propiedad, una obra y US$245.000 bajo la lupa
Uno de los puntos que deberá explicar Adorni está relacionado con una propiedad ubicada en el country Indio Cuá. En la investigación aparece el contratista Matías Tabar, quien habría realizado trabajos de remodelación en el inmueble y declaró haber recibido aproximadamente US$245.000 por esas tareas.
La Fiscalía busca conocer de dónde provinieron esos fondos y cómo fueron realizados los pagos. El teléfono de Tabar también adquirió relevancia en el expediente. El contratista entregó voluntariamente su celular y la Justicia realizó una extracción forense de su contenido, con chats, llamadas y documentación vinculada con las obras.
Precisamente, la defensa de Adorni pretende acceder a parte de ese material para poder responder algunas de las preguntas formuladas por Pollicita.
Dólares, propiedades y criptomonedas
El requerimiento fiscal no se limita a una diferencia entre ingresos y gastos. También contempla operaciones y bienes cuya evolución patrimonial debe ser explicada. Entre los puntos aparecen los fondos utilizados para determinadas adquisiciones, gastos en efectivo, viajes, educación, una propiedad ubicada en Miró 550, muebles y operaciones relacionadas con criptomonedas.
La Fiscalía también pidió precisiones sobre el origen de capitales utilizados para operar con criptoactivos. En su declaración jurada de 2025, Adorni había informado ingresos vinculados con la venta de criptomonedas y un patrimonio que superaba los $944 millones, de acuerdo con la información incorporada a la investigación.
El objetivo de esta etapa es reconstruir el movimiento económico del grupo familiar y determinar si las explicaciones y documentos que presente el exfuncionario alcanzan para justificar las diferencias detectadas.
El pedido de prórroga no implica por sí mismo un agravamiento de la situación judicial de Adorni. La importancia está en lo que ocurra después. Una vez que la defensa entregue las explicaciones y documentación —si la prórroga es concedida—, Pollicita deberá analizar si las respuestas logran despejar las inconsistencias o si considera que todavía existen elementos suficientes para avanzar con nuevas medidas.
Entre esas posibilidades aparece una eventual citación a indagatoria, aunque esa decisión todavía no está tomada. El requerimiento fiscal fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo.
El expediente, por lo tanto, se encuentra en un punto donde los números son centrales: cuánto ingresó al grupo familiar, cuánto gastó, qué bienes adquirió, qué fondos utilizó y qué documentación puede respaldar cada operación.
Francisco Adorni, otro expediente con números bajo análisis
La situación patrimonial también alcanzó al hermano del exfuncionario, Francisco Adorni, diputado bonaerense de La Libertad Avanza. En su caso, presentó espontáneamente un escrito ante la Justicia para explicar una de las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas. Sostuvo que se trató de un error de carga: consignó una deuda de $130 millones cuando, según su explicación, debía figurar $13 millones.
La diferencia había llamado la atención de los investigadores porque en otra declaración aparecía una deuda inicial de $130 millones y otra de $60 millones al cierre del período. Francisco Adorni argumentó que el primer monto contenía un cero de más y que se trató de un error material.
El caso está en manos del juez federal Daniel Rafecas, mientras el fiscal Guillermo Marijuan investiga el patrimonio del legislador y evalúa las explicaciones presentadas.
No es el único punto observado: también fueron analizadas rectificaciones posteriores de sus declaraciones patrimoniales, incluida la incorporación de dinero en efectivo que Adorni atribuyó, en parte, a una herencia.
Las dos investigaciones tienen recorridos judiciales diferentes y no deben confundirse. Pero políticamente colocan nuevamente bajo atención la transparencia patrimonial de dirigentes y funcionarios vinculados al Gobierno de Milei.
En el caso de Manuel Adorni, la Justicia no está evaluando solamente cuánto vale su patrimonio actual, sino cómo evolucionó, qué ingresos tuvo y de qué manera se financiaron determinados gastos y adquisiciones.
Ahora la pelota está del lado de la defensa. La documentación que presente Adorni será la que permita determinar si las diferencias señaladas por la Fiscalía pueden explicarse con información respaldatoria o si, por el contrario, las dudas patrimoniales justifican que la investigación avance hacia una instancia judicial más profunda.
