La auditoría del EPRE, según la intendenta, determinó que D.E.C.S.A. no había cobrado cerca de 300 millones de pesos por concepto de alumbrado público a favor del municipio. Además, se detectó que, a pesar de un acuerdo provincial que exime de la tarifa social a ciertos usuarios, la distribuidora continuó cobrando el CUM a estas personas.
"Lo que queremos saber es si lo que nos cobra D.E.C.S.A. es real. Para eso contratamos a un ingeniero que realice un cálculo técnico que determine si los montos reclamados son correctos", indicó Rosas. La intendenta también destacó que la empresa distribuidora está cobrando a los vecinos de Caucete de manera incorrecta, en lo referente al alumbrado público, ya que la facturación se basa en un número de lámparas superior al real. Según Rosas, mientras D.E.C.S.A. cobra como si el municipio tuviera 15 mil lámparas, en realidad solo hay cerca de 5 mil en funcionamiento.
El EPRE ha aprobado la Resolución N.º 1045/24, en la que se reconoce la deuda, pero también ofrece su mediación para resolver el asunto de manera amistosa. A pesar de esto, D.E.C.S.A. ha comunicado su intención de iniciar acciones judiciales para cobrar la deuda, tal como lo permite la Ley Provincial Nº 524-A.
Por su parte, la funcionaria reafirmó que el municipio está dispuesto a llevar este conflicto a la justicia si es necesario, subrayando que los ciudadanos de Caucete no deben pagar de más por un servicio que no se presta de manera adecuada.
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