El eje de la disputa radica en que, desde hace más de 15 años, el acceso operativo al proyecto se realiza a través de la localidad riojana de Guandacol. Según las autoridades de La Rioja, este tránsito —que involucra a más de 600 vehículos diarios— se lleva a cabo sin contar con los permisos ambientales exigidos por su legislación, lo que pondría en riesgo la biodiversidad de la zona.
En ese marco, la resolución judicial advierte sobre posibles daños a suelos, cursos de agua e infraestructura vial, además de la eventual circulación de sustancias peligrosas en un tramo de aproximadamente 140 kilómetros que atraviesa varias localidades riojanas.
Consultado por el tema en una entrevista con Canal 8, Orrego minimizó el alcance del fallo. “No estaba al tanto de las notificaciones porque es un tema entre la empresa y la Justicia de La Rioja, pero con sinceridad lo digo: esto no va a prosperar, no tiene fundamento alguno y claramente debe haber algo más detrás”, expresó. Y agregó: “Más allá de mi rol como gobernador, como abogado sostengo que no tiene fondo para avanzar”.
En la misma línea se manifestó el vicegobernador Fabián Martín, quien calificó la situación como “incómoda” y cuestionó la postura del gobierno riojano. “Me parece que está alejado de la realidad. Tiene que primar el diálogo”, afirmó.