Estafa con motos: gran multa a Branka Motors tras el faltazo a conciliación
Los dueños de Branka Motors no se presentaron a la audiencia con 163 damnificados y Defensa al Consumidor aplicará la multa máxima: casi $2.900 millones. El caso ya pasó a la Justicia.
La audiencia de conciliación entre los damnificados por la venta irregular de motos y los responsables de Branka Motors fracasó este viernes, luego de que los empresarios no se presentaran ni enviaran representantes legales, pese a haber comprometido una respuesta en el último encuentro.
Ante el faltazo, la Dirección de Defensa al Consumidor resolvió dar por agotada la instancia administrativa y avanzar con la aplicación de la multa máxima prevista por ley, en lo que constituye un caso récord para San Juan.
La titular del organismo, Fabiana Carrizo, confirmó que la sanción superará los 275 millones de pesos y se calculará sobre la base de 2.100 Canastas Básicas Totales, utilizando el nivel tres definido por el INDEC.
“Lamentablemente no se presentaron, no trajeron ninguna propuesta. La gente quería o el dinero o la moto. Cerramos la instancia conciliatoria y vamos a aplicar la multa más alta que puso Defensa al Consumidor”, expresó la funcionaria.
Según detalló, ya se contabilizan 287 denuncias y el número continúa en aumento. Tras la audiencia fallida, los afectados se trasladaron hasta Tribunales para reclamar avances en la causa judicial.
“Queremos que nos escuchen, saber cómo avanza la causa, si hay implicados. No nos dicen nada. Necesitamos respuestas”, manifestó uno de los manifestantes.
De acuerdo con los cálculos oficiales, tomando como referencia el valor de la Canasta Básica Total de diciembre de 2025, fijada en $1.376.478, la multa alcanzaría los $2.890.603.800. Desde el organismo señalaron que se trata de un monto “nunca antes visto” y que podrá actualizarse según nuevos índices.
Con esta resolución, el expediente será remitido a la Justicia, tal como lo establece el artículo 51 de la Ley de Defensa del Consumidor. “Entendemos que se trata de una estafa”, sostuvo Carrizo ante los damnificados.
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En la investigación se lograron sistematizar dos irregularidades centrales. Por un lado, la falta de entrega de los vehículos, con demoras que en algunos casos superaron los cinco meses, pese a pagos que parten desde $1.200.000. Muchos clientes abonaron al contado y otros continúan pagando cuotas por motos que aún no recibieron.
Por otro lado, cerca del 10% de las denuncias corresponde a la entrega de rodados sin la documentación necesaria, lo que impidió o demoró el patentamiento. Para este punto, se espera una nueva audiencia, siempre que la empresa se presente.
La causa ya tramita en la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, iniciada por Guillermo Heredia y actualmente a cargo del fiscal Eduardo Gallastegui. En ese marco, se realizaron allanamientos en dos locales y no se descarta una próxima formalización judicial del caso en el Palacio de Justicia.
