Uno de los fiscales involucrados en la denuncia argumentó que la medida administrativa no solo es insuficiente para afrontar la carga de trabajo, sino que también impide el cumplimiento adecuado de la función fiscal. El conflicto también ha sido alimentado por la falta de flexibilidad de la Secretaría Administrativa, que parece no estar dispuesta a implementar cambios en su esquema de horarios, incluso ante la evidente sobrecarga de trabajo. La denuncia subraya que la postura de la Secretaría, que se niega a distribuir las audiencias en horarios vespertinos, está generando un verdadero cuello de botella en el sistema judicial. A pesar de que, en algunos casos, se paga un plus a los empleados administrativos, la negativa a organizar turnos vespertinos parece persistir.
"El problema no se solucionará con operativos comunicacionales ni con la filtración de planillas, que son una confesión tácita de lo denunciado", afirmó uno de los fiscales, refiriéndose a las respuestas que, según él, la administración ha dado a las críticas. Además, reiteró que las audiencias deben distribuirse equitativamente entre la mañana y la tarde, con un horario propuesto de 07:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:30 horas, para evitar la acumulación de casos y asegurar que los fiscales puedan asistir tanto a las audiencias como a los lugares donde se cometen los delitos.
Ante la imposibilidad de resolver el conflicto a nivel administrativo, los fiscales afectados han solicitado formalmente a la Corte de Justicia de la provincia que intervenga. La solicitud es clara: que se ordene a la Secretaría Administrativa la implementación de turnos matutinos y vespertinos para que las audiencias se distribuyan equitativamente, lo que permitiría un mejor funcionamiento del sistema judicial y garantizaría la presencia de los fiscales en el lugar de los hechos.
El futuro de la gestión de los casos de Flagrancia parece depender de la respuesta de las autoridades judiciales, que deberán evaluar si es posible reestructurar el sistema de audiencias para mejorar su eficiencia. Mientras tanto, los fiscales seguirán enfrentando una carga de trabajo desbordante, lo que pone en duda la capacidad del sistema judicial para responder con eficacia a los delitos en tiempo real.
