La situación es crítica. Luego de la noticia extraoficial de que Alberto Fernández y Sergio Massa definieron a puertas cerradas suspender la nueva ley de alquileres, hubo revuelo e indignación por parte de ambos sectores. Tanto los inquilinos como los propietarios e inmobiliarios, aseguraron que se trata de una "decisión irresponsable que no hace más que paralizar el sector", más de lo que ya estaba.
En San Juan la situación se sumió en una tensión que espera respuestas inmediatas. "Desde que se conoció la noticia hay incertidumbre", aseguran los sectores, quienes demás apuntan a la necesidad concreta de los habitantes de alquilar una vivienda o definir su situación futura.
Desde la Cámara Inmobiliaria, Mauricio Turell, aseguró a sanjuan8.com que el 80% de los propietarios de inmuebles sacó del marcado las propuestas por desconocer el futuro con respecto a la ley. Si bien, la Ley N° 27.551 que se había modificado en 2021 aún está vigente, el desconcierto genera que la situación empeore.
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"No es más que una expresión irresponsable de este gobierno. Lo único que lograron es terminar de paralizar el mercado de alquileres y la muy poca actividad que teníamos en función de que no hay oferta porque la ley no los beneficia. Esto ha terminado por decantar en que no haya más ofertas hasta que el gobierno decida qué va a suceder", expresó.
Turell aseguró que esto no sólo daña a los propietarios de alquileres sino que daña la economía global. "Los propietarios son la solución al problema del techo digno que les falta a los inquilinos", sostuvo.
Por su parte, desde la Asociación de Inquilinos, Víctor Bazán, aseguró que "este tipo de actos irresponsables", tiene oculta la complicidad de varios sectores inmobiliarios que tiene como única intención que es derogar la nueva ley. "Esta insistencia se basa en dos puntos clave: querer tener mayor rentabilidad y menor control del Estado (aunque no lo hace de manera responsable) y querer cambiar el canon cada 3 o 6 meses, con índices inflacionarios, los cuales podrían ser más altos que los que tenemos hoy en día", dijo.
En ese tono, sostuvo que la intención también es el cobro reiterado de la "bendita" comisión inmobiliaria, "que la termina pagando el inquilino y no el propietario como se acordó".
En ese sentido, Bazán confió que hay mucho desconcierto y hubo una lluvia de consultas y denuncias por inquilinos que no saben qué rumbo tomará su contrato. A esto, aclaró que "los contratos están vigentes", aunque remarcó que "este desconcierto provocó la caída de varios alquileres en proceso.
Por último resaltó que hoy por hoy "el principal problema es que los propietarios quieren renovar con la ley anterior y con aumentos semestrales ajustados a la inflación".
Preocupación nacional por la ley
A nivel global, hay una preocupación generalizada porque el gobierno no oficializa su postura y, tampoco brinda detalles de lo que podría ser modificado sobre la ley vigente. La retracción violenta de la oferta se ha visto reflejada en el interior y en CABA perjudicando por sobre todo a los inquilinos.
Por un lado, está la versión de que "se volvería al viejo esquema de dos años de contrato y aumento negociado libremente entre las partes", pero por ahora el Gobierno no pone paños fríos, ni echa la luz sobre semejante oscuridad.
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