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Allanamiento en Obras Menores por una causa judicial de la gestión anterior

Desde el Ministerio de Infraestructura aclararon que el conflicto es entre empleados de una empresa que realizaba obras menores en las escuelas durante la gestión de Uñac.

El área de Servicios Públicos del Ministerio de Infraestructura fue allanada en el marco de una causa judicial que investiga un presunto delito contra la propiedad, vinculado a un conflicto interno entre integrantes de una empresa que realizó obras de mantenimiento durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac.

Así lo confirmó Nicolás Álvarez, subsecretario de Servicios Públicos, quien explicó en diálogo con Canal 8 que la medida judicial no está relacionada con una denuncia contra el Ministerio ni con irregularidades en obras públicas actuales, sino que responde a un requerimiento de la Justicia para acceder a documentación administrativa correspondiente a la gestión anterior.

“El allanamiento se realizó en la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores,( en el obrador y en el Centro Cívico) y tiene que ver con expedientes de la gestión 2019–2023. Son once expedientes que corresponden a una sola empresa”, precisó el funcionario.

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Según detalló Álvarez, el conflicto es entre particulares y se origina a partir de una denuncia por presunta falsificación de firmas entre integrantes de la misma empresa. En ese contexto, la Justicia solicitó expedientes que forman parte del archivo histórico del área de Obras Menores, donde constan la documentación original.

La empresa involucrada fue contratista del Estado provincial y realizó refacciones y tareas de mantenimiento en establecimientos educativos, con su última obra registrada en el año 2022. “No se trata de una denuncia contra el Ministerio ni contra Obras Públicas. Es un conflicto privado entre partes de una empresa”, remarcó Álvarez.

La medida judicial se enmarca en una causa caratulada como “C/ A.D. s/ Delitos contra la Propiedad en perjuicio de Aguirre, Roberto Enrique”, correspondiente al Sumario Preventivo N.º 795/22 de la Sección Defraudaciones y Estafas. En ese expediente, la Justicia dispuso el allanamiento de dependencias donde se resguardan los expedientes originales de contrataciones directas, con el objetivo de secuestrar documentación específica para la investigación.