El expediente fue tramitado inicialmente por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Antes de que se concretara la formalización de la investigación, la defensa ofreció una reparación integral y la propuesta fue aceptada por los denunciantes, representados por el abogado querellante, Joaquín Moine.
De esta manera, el acusado no llegó a ser formalmente imputado por el delito de estafa. La salida alternativa permite cerrar el proceso siempre que se cumpla con las obligaciones asumidas. Si los pagos se realizan según lo acordado, la acción penal quedará extinguida.
Desde la defensa sostuvieron que no existió intención de cometer una maniobra fraudulenta, sino que se trató de un negocio que no obtuvo los resultados previstos. La posición de los denunciantes fue distinta y dio origen a la intervención de la Justicia.
El caso, por ahora, queda sujeto al cumplimiento del acuerdo económico. La devolución de los USD 12.000 será determinante para que la solución alternativa quede definitivamente consolidada.
