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Un negocio entre empresarios, dos departamentos y una causa judicial

La denuncia fue presentada por Carlos Icazatti y Manuel González contra Iván Goldstein. Reclaman dos departamentos de Catamarán 12 y sostienen que el perjuicio ronda los US$500.000.

Una operación inmobiliaria por dos departamentos del complejo Catamarán 12 terminó en una investigación penal contra el empresario Iván Federico Goldstein, luego de que los empresarios Carlos Icazatti y Manuel González denunciaran un supuesto perjuicio de alrededor de US$500.000, unos $750 millones según la valuación incorporada al caso.

La discusión judicial gira alrededor de una pregunta concreta: si los departamentos fueron efectivamente pagados y qué ocurrió con los derechos sobre esas unidades después de una cesión realizada entre los compradores originales y los denunciantes.

El conflicto comenzó con Elías Daher, titular de Maderas Daher, quien había adquirido los departamentos a Goldstein Construcciones. Posteriormente, según la denuncia, Daher cedió los derechos sobre esas unidades a Icazatti y González como parte de una operación comercial.

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Los denunciantes sostienen que le pagaron a Daher el dinero correspondiente y además asumieron el saldo que quedaba pendie

nte con la constructora. Incluso, aseguran que optaron por cancelar ese saldo de contado en lugar de continuar con el esquema de cuotas original. Según su versión, la constructora recibió esos pagos inicialmente, pero posteriormente desconoció la cesión. En abril de este año, la empresa habría dado por rescindido el contrato con Daher y los departamentos finalmente no fueron entregados a los nuevos adquirentes.

La defensa de Goldstein sostiene una versión completamente diferente. Su abogado, Rubén Pontoriero, negó que exista un delito y afirmó que cuentan con documentación y registros contables para demostrar que los departamentos nunca fueron cancelados. La investigación, que quedó en manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas y tendrá un plazo de 12 meses, deberá reconstruir toda la operación, verificar los pagos y determinar si existió una maniobra penal o si se trata de un conflicto contractual que corresponde resolver por la vía civil.

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