El cotejo genético confirmó que los restos exhumados corresponden a la hija de la mujer que denunció el caso. Ahora la Fiscalía concentra la investigación en la atención médica recibida antes y durante el parto.
La investigación judicial por la muerte de una recién nacida ocurrida en el Hospital Rawson sumó una prueba determinante y despejó una de las principales dudas que habían surgido alrededor del caso.
El cotejo de ADN realizado entre la madre denunciante y los restos de la beba dio positivo, por lo que quedó confirmado que la criatura sepultada en Ullum era efectivamente su hija.
El resultado genético fue incorporado al expediente luego de la exhumación ordenada por la UFI Delitos Especiales, que interviene en la causa. De esta manera, quedó descartada la hipótesis de un posible intercambio de bebés, una sospecha que había sido planteada por la propia madre a partir de una particular coincidencia ocurrida durante su internación.
La mujer, identificada como G.T., había denunciado presuntas irregularidades en la atención médica que recibió durante el embarazo y el parto. A esa presentación se sumó posteriormente la duda sobre la identidad de la recién nacida, debido a que otra paciente con el mismo apellido también había dado a luz en el Hospital Rawson en fechas prácticamente coincidentes.
Ese dato llevó a la familia a preguntarse si podía haberse producido una confusión con las recién nacidas. Ante esa posibilidad, la Fiscalía dispuso que durante la exhumación se obtuviera material genético para establecer científicamente la identidad de la beba.
Ahora, con esa incógnita despejada, la investigación vuelve a concentrarse en la pregunta principal del expediente: qué provocó la muerte de la recién nacida y si existió alguna conducta médica que pudiera haber contribuido al desenlace.
Según la presentación realizada ante la Justicia, la mujer concurrió a la guardia del Hospital Rawson el 10 de agosto debido a fuertes dolores. Al día siguiente regresó al establecimiento y quedó internada. La reconstrucción incorporada a la denuncia menciona distintos controles médicos, ecografías y monitoreos realizados durante ese período.
La acusación sostiene que, pese a la evolución del cuadro, la cesárea se habría postergado mientras se aguardaba la evolución del trabajo de parto. La situación terminó con un desenlace fatal el 13 de agosto, cuando un control mediante ultrasonido habría detectado que la bebé ya no presentaba actividad cardíaca.
Ante ese cuadro, los profesionales realizaron una cesárea de emergencia, pero la recién nacida nació sin signos vitales.
Posteriormente, el cuerpo fue entregado para su sepultura y terminó enterrado en un nicho del cementerio de Ullum. La denuncia presentada el 18 de agosto puso bajo investigación tanto las circunstancias de la atención médica como la posterior duda sobre la identidad de la criatura.
La exhumación no había sido dispuesta únicamente para establecer la filiación. El objetivo central de la medida también fue obtener material que permitiera realizar estudios histopatológicos y periciales sobre los restos de la beba.
Esos análisis pueden aportar información para establecer la causa concreta del fallecimiento y determinar si existen elementos compatibles con una eventual complicación médica, una demora en la atención o alguna otra circunstancia que deba ser evaluada desde el punto de vista penal.
Para eso, la Fiscalía deberá analizar la historia clínica completa, los estudios y controles realizados durante la internación, los registros vinculados con el parto y las declaraciones de los profesionales que intervinieron en la atención de la mujer y de la recién nacida.
La causa está a cargo de los fiscales Sebastián Gómez y Agostina Pérez, de la UFI Delitos Especiales, quienes deberán reunir todas esas pruebas antes de establecer si existió o no una conducta que pueda configurar responsabilidad penal.
Por ahora, no hay una conclusión definitiva sobre una eventual mala praxis. La investigación continúa abierta y una de las pruebas que puede resultar decisiva serán las conclusiones de los estudios anatomopatológicos realizados sobre los restos.
Fuentes judiciales señalaron que esta etapa puede demandar tiempo debido a la cantidad de documentación y pericias que deberán ser analizadas. El resultado del ADN permitió cerrar una de las hipótesis que había generado incertidumbre en la familia, pero todavía queda por determinar qué ocurrió con la beba durante la atención médica y cuál fue la causa que provocó su muerte.
