Según la defensa, la libertad del acusado no implicaría un riesgo concreto de entorpecimiento de la causa.
El magistrado hizo lugar a ese planteo y no renovó la medida cautelar. La decisión modificó la situación procesal de Alfaro, aunque la investigación penal continúa y el acusado deberá cumplir las restricciones que se le impongan.
El expediente se inició por un episodio ocurrido el 19 de febrero, alrededor de las 20.50, cuando un interno identificado como A. regresaba al Penal de Chimbas después de una salida transitoria. Durante el procedimiento de ingreso, el personal penitenciario habría detectado en los escáneres un supuesto objeto extraño en la zona rectal del recluso.
Según la denuncia, Alfaro, quien se desempeñaba como jefe de turno, habría intervenido en la requisa y sometido al interno a procedimientos que incluyeron la introducción de los dedos en la zona anal. El joven sufrió lesiones y comenzó a sangrar.
Más tarde, fue trasladado a un hospital, donde los profesionales médicos comprobaron que no tenía ningún objeto en el cuerpo.
La madre del interno presentó la denuncia formal el 20 de febrero, después de escuchar el relato de su hijo. Durante la investigación también se incorporaron testimonios que apuntaron al estado en el que se encontraba tras el episodio. Su compañero de celda declaró que lo vio regresar llorando, nervioso y con miedo, mientras que una médica de turno dijo haber escuchado gritos de dolor después de observar el ingreso del jefe de guardia a la sala.
Además, el interno recibió asistencia psicológica y un informe de sanidad penitenciaria consignó síntomas de angustia, tristeza, vergüenza y estrés postraumático. En una rueda de reconocimiento, señaló a Alfaro como el presunto agresor.
La imputación y los motivos de la prisión preventiva
A fines de agosto, la Justicia formalizó la investigación contra el penitenciario por los presuntos delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un funcionario público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y vejaciones, en calidad de autor y en concurso ideal.
En aquella audiencia, la Fiscalía había pedido prisión preventiva al advertir dos riesgos procesales: una posible fuga, por la gravedad de los hechos y la pena en expectativa, y un eventual entorpecimiento de la investigación. Sobre este último punto, señaló que Alfaro podía influir sobre testigos que trabajan en el mismo establecimiento o permanecen alojados allí.
La defensa, en cambio, cuestionó la necesidad de mantenerlo detenido y propuso que siguiera el proceso en libertad, con restricciones y una prohibición de contacto con el denunciante y su familia.
Finalmente, el juez había ordenado dos meses de prisión preventiva, plazo que vencía y cuya continuidad se discutió en la audiencia de este viernes. Al rechazar la prórroga, Fernández Caussi dispuso que Alfaro recupere la libertad bajo medidas de coerción. La causa seguirá su curso judicial y el imputado conserva su condición de acusado, sin que la resolución implique una definición sobre su responsabilidad penal.
