La funcionaria permanece detenida desde julio, cuando la fiscalía impulsó la causa a partir de una denuncia que expuso el uso de un DNI con datos apócrifos para contratar préstamos en Buenos Aires. Las primeras pesquisas condujeron directamente al Registro Civil de Pocito, donde se detectó su presunta implicación.
Audiencia, pruebas y nuevos casos
Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez presentó la teoría del caso, en la que se detalla cómo la funcionaria coordinaba el uso de instalaciones y sistemas del Registro Civil para facilitar la emisión de documentos falsos. El grupo delictivo operaba desde al menos agosto de 2024, y reclutaba personas para prestar sus datos biométricos en la confección de los DNIs truchos.
Una auditoría posterior del RENAPER permitió detectar 22 nuevos casos, sumando más víctimas e implicados. La gravedad institucional del caso fue subrayada por el fiscal Alcaraz, quien señaló que, además del daño patrimonial a ciudadanos y entidades financieras, se vulneraron derechos fundamentales como la identidad y el ejercicio del voto.
Otros imputados
Además de N.L.C., se imputó a ocho personas más. Dos hombres también recibieron prisión preventiva por su rol en la asociación ilícita. Otros cinco (cuatro mujeres y un hombre) quedaron en libertad con medidas de restricción. Uno de los imputados, que tenía prisión domiciliaria por tráfico de estupefacientes, se dio a la fuga tras la audiencia.
La causa continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avanza el análisis de pruebas documentales, digitales y periciales recolectadas durante los allanamientos.
FUENTE: fiscales.gob.ar
