Nueve personas, entre ellas una funcionaria del Registro Civil de Pocito, fueron imputadas por integrar una red que emitía DNI falsos para cometer estafas en distintas provincias.
Imputaron a nueve personas, entre ellas Natalia Castillo, empleada del Registro Civil de Pocito, por integrar una asociación ilícita que falsificaba Documentos Nacionales de Identidad para usarlos en estafas y operaciones de crédito.
La medida fue dispuesta por el fiscal Fernando Alcaraz, del área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, quien formalizó la investigación penal tras una serie de pruebas que vinculan a los acusados con una red delictiva de alcance nacional.
Según la imputación, Castillo habría manipulado datos biométricos —fotografías y huellas digitales— en el sistema del Registro Civil, lo que permitía la emisión de DNI materialmente auténticos, pero ideológicamente falsos, es decir, documentos válidos pero con identidades falsas.
Los fiscales sostienen que esos documentos eran luego usados para pedir préstamos, comprar bienes y realizar transacciones comerciales, que finalmente eran revendidos para obtener ganancias ilícitas.
La acusación comprende los delitos de falsificación de documentos de identidad, estafa, asociación ilícita y violaciones a la Ley 17.671, que regula la identificación nacional.
El caso salió a la luz tras un allanamiento del 30 de junio pasado en el Registro Civil de Pocito, donde Gendarmería Nacional ejecutó un amplio operativo en el marco de una denuncia presentada por un ciudadano bonaerense, quien detectó que su identidad había sido usada para pedir créditos.
Aquel operativo fue el inicio de lo que la fiscalía considera un “caso testigo”. Las medidas incluyeron recolección de pruebas digitales y documentales, y derivaron en la detención preventiva de Castillo días después.
Durante la investigación también se descubrió que uno de los imputados ya tenía una causa por narcotráfico en el norte del país y se encontraba bajo prisión domiciliaria, aunque se fugó luego de ser formalmente acusado en San Juan.
Una auditoría interna realizada por el propio Registro Civil detectó 22 casos adicionales de posible falsificación ideológica de documentos: 18 en grado de tentativa y 4 consumados.
De acuerdo con fuentes judiciales, los nuevos imputados quedaron vinculados formalmente a la causa y serán citados a declarar en los próximos días, mientras la investigación continúa para determinar el alcance real de la red y sus nexos fuera de la provincia.
