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Estafa con comprobantes falsos: ordenaron la libertad de la imputada

El juez ordenó la libertad inmediata de una mujer acusada de estafas reiteradas a varios comercios de Caucete, pero le impuso estrictas medidas para resguardar la investigación por un perjuicio estimado en $4.000.000.

El juez Roberto Jorge Montilla dispuso la libertad inmediata de Yanira Natalia Correa, imputada por el delito de estafas reiteradas en concurso real, en el marco de una causa que investiga maniobras fraudulentas contra distintos locales comerciales de una misma firma en un paseo comercial del departamento Caucete.

El magistrado consideró que no correspondía dictar prisión preventiva, aunque sí resolvió imponer medidas de coerción para evitar riesgos procesales. Entre ellas, ordenó que la imputada no salga de la provincia sin autorización judicial y que, durante seis meses, no se acerque a los comercios denunciantes.

Además, se resolvió que no deberá presentarse periódicamente en sede policial, debido a que atraviesa un embarazo de riesgo, situación que fue acreditada durante la audiencia.

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La acusación y el mecanismo del fraude

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, la investigación se inició tras una denuncia presentada el 5 de noviembre por un comerciante que posee varios locales en Caucete, entre ellos Mil Opciones, Superofertas y Bella Paloma.

Según la acusación, la imputada había trabajado como empleada en uno de esos comercios hasta agosto pasado y, tras dejar su puesto, comenzó a concurrir de manera frecuente como clienta. En ese contexto, realizaba compras reiteradas por montos que iban desde $30.000 hasta $100.000, presentando comprobantes de transferencias bancarias que luego se comprobó eran falsos.

La maniobra habría sido posible porque conocía el sistema interno de control de pagos: cuando las compras no superaban los $100.000, las cajeras solo verificaban visualmente el comprobante sin chequear el ingreso efectivo del dinero. De esa forma, el dinero nunca impactaba en las cuentas de la firma.

El perjuicio económico total fue estimado en alrededor de $4 millones, acumulado entre octubre y noviembre.

Pruebas y antecedentes

Durante la detención, concretada el 17 de diciembre, se secuestraron un teléfono celular y más de 80 comprobantes apócrifos, además de registros de cámaras de seguridad, mensajes de WhatsApp, capturas de pantalla y documentación comercial. Informes oficiales confirmaron que las transferencias nunca existieron y que los comprobantes contenían un CUIT inexistente, similar al DNI de la imputada con algunos dígitos alterados.

La fiscalía también informó que la acusada tiene tres procesos abiertos y que contaba con un beneficio de suspensión de juicio a prueba otorgado en 2021 por un delito de hurto calificado, cuyo cumplimiento aún debe ser verificado.

Investigación en marcha

El juez otorgó un plazo de investigación penal preparatoria, durante el cual se tomarán declaraciones testimoniales, se realizarán pericias sobre el celular secuestrado y se analizarán los comprobantes falsificados. No se descarta que se incorporen nuevas denuncias de otros comerciantes que podrían haber sido afectados por una modalidad similar.