Denuncias vecinales: nuevo allanamiento en la casona usurpada en Av. Rawson
Un amplio operativo policial y municipal se desplegó este lunes en la casona usurpada de avenida Rawson, tras denuncias por olores nauseabundos, ruidos molestos y riesgos sanitarios.
La casona ubicada sobre avenida Rawson, entre General Paz y Córdoba, volvió a ser escenario de un operativo oficial durante la mañana de este lunes. Pasadas las 9.30, una importante cantidad de efectivos policiales y personal judicial se presentó en el inmueble para realizar un nuevo allanamiento, el tercero en lo que va del año.
El procedimiento se desarrolló en una propiedad ocupada desde hace años, que en reiteradas oportunidades fue señalada por vecinos de la zona como un foco de conflictos, violencia y problemas ambientales. En esta ocasión, participaron efectivos de grupos especiales, áreas investigativas y personal municipal, en el marco de un expediente iniciado a partir de denuncias vecinales.
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Según la información relevada, los reclamos apuntaban principalmente a la presencia de olores nauseabundos, ruidos molestos y condiciones de insalubridad, con denuncias que alertaban sobre contaminación y proliferación de plagas como ratas y cucarachas. Estas situaciones motivaron la intervención conjunta de fuerzas de seguridad y áreas municipales vinculadas al control ambiental.
Al momento del allanamiento, los efectivos constataron que solo una mujer se encontraba dentro del inmueble, sin hallarse más personas en su interior. Aun así, el operativo se extendió durante varias horas con el objetivo de verificar si había otros ocupantes, posibilidad que finalmente fue descartada.
Un lugar señalado como refugio y con alta rotación de ocupantes
Desde el ámbito policial indicaron que la casona es considerada un punto estratégico para actividades delictivas, ya que habría sido utilizada como refugio ocasional por personas vinculadas a distintos hechos. En procedimientos anteriores, se había detectado la presencia de entre 30 y 40 personas viviendo en el lugar, una situación que no se repitió en esta oportunidad.
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Además, durante las actuaciones surgieron testimonios que indicaban que una persona cobraría dinero para permitir el ingreso por una o dos noches, lo que habría generado una rotación constante de ocupantes, sumando complejidad al control del inmueble.
Límites legales y posible intervención ambiental
El inmueble es de propiedad privada, lo que impide que el municipio avance directamente con un desalojo. No obstante, las autoridades cuentan con la facultad de intervenir ante una emergencia medioambiental, cuando la situación representa un riesgo para la salud de la comunidad.
El allanamiento fue autorizado por la Justicia en el marco de un expediente iniciado por faltas y contravenciones medioambientales, y se orientó principalmente a evaluar el estado del lugar y habilitar acciones de saneamiento. En este contexto, se indicó que el propietario del inmueble habría fallecido y que no fue posible localizar a los herederos.
Por el momento, cualquier definición sobre el futuro del lugar quedará sujeta a lo que disponga la Justicia, mientras continúan las actuaciones administrativas y judiciales para dar respuesta a los reclamos de los vecinos.
